La central exige la readmisión de 35 empleados con despido «nulo radical» La CIG ha solicitado la ejecución de dos sentencias de los dos juzgados de lo Social de Santiago, en las que se considera «nulo radical» el despido de 35 operarios de Gestión de Servicios de Emergencia (GSE), empresa que tiene una contrata de servicios para la fundación sanitaria 061. El sindicato busca que la Xunta «faga cumprir a legalidade».
02 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La central nacionalista solicita que, en cumplimiento de los fallos judiciales, se reincorporen a sus puestos de trabajo, en San Marcos, los 35 empleados, según indicaron ayer su secretario general, Xesús Seixo, y el secretario de Santiago, Anxo Noceda. La CIG, según Noceda, también reclama que se les abonen a estos trabajadores las cantidades salariales que les corresponden con cargo a junio, también en cumplimiento de las sentencias. La empresa duplicará así los gastos salariales, una cuestión que el sindicato atribuye al hecho de que no haya readmitido a los despedidos tal como le indicaban los magistrados Carlos López Picón y Fe López Juiz. Ambas sentencias, con fecha de 28 de mayo y 11 de junio, representan un nuevo capítulo del conflicto que mantienen hace meses la CIG y la empresa concesionaria de dicho servicio del 061, tras sustituir a la anterior prestadora del servicio. Anxo Noceda destaca que, en las sentencias, se refleja la existencia de «represalia por el activismo sindical» de parte de los 35 despedidos, como miembros de CIG; así como haber «aportado indicios suficientes de diferencia de trato desigual ante situaciones iguales». El secretario general de CIG, Xesús Seixo, atribuye la situación «á forma deficiente como se están a privatizar algúns servicios públicos, como o concedido a GSE, e á pasividade e connivencia da Xunta». Seixo exige «respeto para os traballadores e para a Xustiza. A Xunta debería ter unha clara implicación neste conflito e fazer cumprir a legalidade. Non é fácil explicar que a administración autonómica defenda con contundencia os dereitos dos empresarios e, cando se vulneran dereitos dos traballadores como neste caso, que non interveña. Iso é un posicionamente moi clasista e unha conduta que eu vexo como antidemocrática».