El pleno de la Diputación exige el cese del ministro Óscar Puente por el «maltrato e discriminación coa provincia de Pontevedra»
PONTEVEDRA
De igual modo, salió adelante una modificación de crédito por importe de más de once millones de euros
27 feb 2026 . Actualizado a las 18:24 h.Con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y el rechazo del PSOE, el pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes la primera modificación de crédito del año, en este caso, por importe de más de once millones de euros. Estos fondos, que proceden principalmente de remanentes líquidos de tesorería y bajas por anulación de contratos, permitirán al gobierno de Luis López «reservar máis de dez millóns de euros para acometer as catas arqueolóxicas e as obras de rehabilitación do Convento de Santa Clara», así como destinar 1,8 millones a subvencionar a entidades deportivas para la mejor de sus instalaciones u otros 415.500 euros para el yacimiento arqueológico de A Lanzada, mientras que se financiará con 75.000 euros una etapa de La Vuelta a España femenina.
Desde el BNG lamentaron, a través de César Mosquera, que el Partido Popular tuviese que «anular partidas orzamentarias aprobadas durante o bipartito para o Museo e Santa Clara por valor de 17 millóns de euros por estar caducadas e non ter sido utilizadas para ningún fin». De igual modo, precisó que la Diputación «apenas vén de recuperar 10,2 millóns de euros para o mesmo fin na modificación de crédito (...), deixando polo camiño case que sete millóns».
Este fue el principal punto de una sesión en la que, entre otros asuntos, se dio luz verde a la adjudicación del Servizo de Implantación e Desenvolvemento do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, Sicted, por importe de 300.000 euros para las dos próximas anualidades.
De igual modo, y con la misma votación de la modificación de crédito, el pleno de la Diputación reprobó la gestión de Óscar Puente, ministro de Transportes, «respecto das infraestruturas e servizos de titularidade estatal na provincia de Pontevedra», al tiempo que instó a su dimisión «pola acción política de maltrato e discriminación coa provincia de Pontevedra no desenvolvemento das súas competencias».
Asimismo, el pleno exigió al Gobierno central que cumpla la Ley de Dependencia asumiendo, entre otros aspectos, «o financiamento do 50 % do custo dos servizos e prestacións» y que garantice «un reparto equitativo dos recursos» con las comunidades autónomas