Declaran improcedente el despido de una empleada extranjera sin permiso de trabajo

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

PACO RODRÍGUEZ

El TSXG, en todo casco, concluye que no cabe la readmisión

06 mar 2024 . Actualizado a las 17:19 h.

«No pueden dejarse de aplicar las normas laborales de nuestro ordenamiento jurídico por el hecho de que el trabajador extranjero carezca de permiso de trabajo». Este es uno de los argumentos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha esgrimido para revocar una sentencia previa del un juzgado de lo Social y estimar que el despido de una empleada de origen extranjero que carecía de permiso de trabajo era improcedente.

La sentencia establece que la afectada era auxiliar de ayuda a domicilio con contrato indefinido y a tiempo parcial. En mayo del 2021, la trabajadora fue subrogada al hacerse una compañía de Pontevedra de servicios de atención sociosanitaria con la concesión de la atención de los usuarios del Concello de Viveiro.

Transcurriría más de un año hasta que el 10 de octubre de 2022 la compañía le comunicó a su empleada que, con efectos del 7 de octubre, procedía a su despido disciplinario. «La razón principal que justifica y motiva la presente decisión, es que con anterioridad a su subrogación contractual con la empresa tenía denegado el permiso de asilo que le daba autorización a trabajar, no habiendo podido demostrar que solicitase ningún tipo de renovación de permiso siendo este un requisito esencial del contrato de trabajo», argumentó por entonces la firma pontevedresa incidiendo en que «la autorización administrativa para poder trabajar, exigida a un extranjero no comunitario en España, es un requisito esencial del contrato de trabajo». Añadieron, asimismo, que se produjo «una transgresión de la buena fe contractual».

En este sentido, el TSXG, cuya sentencia es recurrible en casación, refiere que perdió su permiso de residencia y trabajo por asilo político el 2 de marzo de 2020 no habiéndolo renovado, ni iniciado los trámites para hacerlo.

Un juzgado de lo Social dio la razón a la compañía, algo que no comparte el alto tribunal que acude a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y a la jurisprudencia del Supremo para anular la sentencia previa y estimar las demandas de la trabajadora. Y es que se considera que, «en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, corresponde al empleador solicitar la autorización administrativa que le permite prestar servicios en nuestro país».

Es por ello que entienden que la firma con sede en la ciudad de Pontevedra, «en el momento de la subrogación, debió interesarse desde ese momento por ser una obligación suya que esta sancionada en la ley, pero en ningún caso decidir unilateralmente la resolución del contrato, cinco meses después».

Sin posibilidad de readmisión

De este modo, la declaración de improcedencia del despido conlleva que la afectada tenga derecho a percibir una indemnización cuantificada en algo más de tres mil euros. Sin embargo, el TSXG descarta la readmisión de la empleada, un derecho que concluyen los magistrados «deviene jurídicamente inviable respecto de una trabajadora que no tenía permiso de trabajo».