Marta Durántez sentará en el banquillo a Luis Rubiales. Mientras, Iris Romero aguarda una solución del Concello para poder ejercer como árbitra asistente en Liga F
10 sep 2023 . Actualizado a las 17:15 h.La influencia del caso Rubiales, lamentablemente anillado como una losa a la flamante victoria de la selección femenina de fútbol que se proclamó campeona del mundo el pasado 20 de agosto, permanece, se proyecta e irradia en diversas direcciones, transcurridas ya tres semanas. Y con variados vínculos pontevedreses.
Después de los homenajes a Tere Abelleira, la jugadora local que tanto contribuyó a la victoria de la selección, quien aprovechó esos actos en Pontevedra y Poio para expresar su solidaridad con su compañera Jenni Hermoso, hemos tenido un par de argumentos más que relacionan Pontevedra y a dos mujeres que han desarrollado sus tareas profesionales en esta ciudad, con los ecos del caso Rubiales.
El más destacable y reciente, por su trascendencia jurídica, es la participación de Marta Durántez, que fue fiscala en la Audiencia Provincial durante 18 años, como representante del ministerio público en la querella recién presentada contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol por agresión sexual y coacciones. Y el otro reflejo, con consecuencias inminentes, es el caso de Iris Romero, la agente de la Policía Local que quiere compatibilizar esa función con su ascenso como árbitra a la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino español. Un asunto que se abordará en un pleno extraordinario que se va a celebrar este lunes.
Una papeleta
Si la victoria de la selección española femenina no hubiese alcanzado la dimensión informativa que obtuvo, sin duda tristemente ayudada por el intolerable comportamiento del presidente besucón que multiplicó la repercusión mediática a nivel internacional, no imaginaríamos que fuese posible que en la ciudad de Pontevedra vaya a celebrarse un pleno municipal extraordinario para tratar el caso de Iris Romero. Sin el paraguas del caso Rubiales, este asunto habría palidecido. En cambio, la sensibilidad a flor de piel que ahora mismo bulle en la sociedad española, ha otorgado un inusitado eco a la demanda de la agente por compatibilizar su trabajo en la Policía Local con su dedicación profesional a arbitrar en la máxima categoría del fútbol femenino nacional.
El gobierno municipal está ante una papeleta: si no encuentra un camino para atender la solicitud de la agente, parecerá que entra en una profunda contradicción con el apoyo mostrado a la causa feminista y a la lucha por la igualdad. Hoy en día sería políticamente incorrecto y tremendamente impopular que el Ayuntamiento de Pontevedra se convirtiera en noticia nacional porque impide a una mujer policía municipal compatibilizar sus tareas laborales con la práctica —profesionalizada— del arbitraje.
Pero existen varios obstáculos a sortear. El más grueso, los informes jurídicos del propio Concello que consideran que la agente incurriría en una «incompatibilidad plena» en caso de permitirse esa duplicidad. El estatus de la Policía Local de Pontevedra y la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento impedirían compartir las dos profesiones. Y colocan al gobierno de Fernández Lores ante la tesitura de buscar una salida «política». Probablemente se plantee una excedencia temporal de Iris Romero para que tenga, al menos un año, para cumplir su sueño de arbitrar en la Liga F que, por cierto, aún no arranca debido a la huelga de jugadoras y la negociación salarial. Posiblemente los otros dos grupos políticos de la corporación participen de esa solución, aunque no sin antes evidenciar malestar por la tardanza con la que el gabinete municipal ha tratado este asunto, atascado desde julio.
Y denunciar que estamos ante una consecuencia más de la nula capacidad de diálogo que los últimos gobiernos de Lores han tenido con sectores de la plantilla municipal, particularmente Policía Local y Bomberos que han recurrido la RPT del Ayuntamiento. Los resultados de las últimas elecciones sindicales, celebradas el pasado junio, acreditaron la fractura del diálogo social en el Concello, donde el sindicato vencedor, CSIF, exige al alcalde un nuevo rumbo aprovechando que el área de Personal ha cambiado de manos tras salir Carme Fouces de la corporación. La responsable política ahora es la teniente de alcalde, Eva Vilaverde.
Una fiscala
Quienes hemos conocido a Marta Durántez en el ejercicio del ministerio público en la Audiencia de Pontevedra durante casi dos décadas, sabemos que se trata de una fiscala preparada, profesional y vocacional. La traté y entrevisté en un par de ocasiones. Me llamó la atención su minuciosidad y lo volcada que estaba en la pedagogía sobre la violencia machista cuando desempeñaba esa especialización en la Fiscalía de Pontevedra.
Asimismo, de Marta Durántez se destacan su diligencia y su trato humano. Dos cualidades que acaba de acreditar tramitando en apenas tres días, la querella que la Fiscalía presenta contra Luis Rubiales Béjar por presuntos delitos de agresión sexual y de coacciones. Y lo hizo tras recibir a la propia Jennifer Hermoso en sede judicial. De modo discreto, para aliviar el peso mediático sobre la jugadora que acudió a reiterarse en la denuncia contra el dirigente. De modo que, ahora será una fiscala conocida y vinculada con Pontevedra la que sentará en el banquillo de los acusados al presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol en un juicio que, sin duda alguna, será seguido con atención preferente en todo el mundo.