La AP-9 prende una mecha en la provincia de Pontevedra

Marcos Gago Otero
marcos gago PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

La autopista AP-9 a su paso por el concello de Vilaboa
La autopista AP-9 a su paso por el concello de Vilaboa RAMÓN LEIRO

1977: Los detractores de la autopista llevaron sus quejas al rey y a varios ministros, en una escalada de movilizaciones que culminó con la manifestación de 7.000 personas en la ciudad del Lérez

09 mar 2022 . Actualizado a las 10:05 h.

La autopista era, hace 45 años, uno de los grandes debates públicos de Galicia y en la provincia de Pontevedra el conflicto social llegó a una fuerte escalada de protestas. Fue un debate visceral, entre los detractores de la obra y sus defensores. No ayudó mucho a calmar los ánimos la forma en que se actuó desde la Administración ni cómo se cuantificaron y ejecutaron las expropiaciones a muchos afectados. Al final, ganó el Estado y la obra se hizo. Hoy, casi cinco décadas después, las nuevas generaciones apenas pueden sospechar la polémica que originó esta obra.

El panorama estaba tenso en 1977 en los concellos que atravesaría la futura vía de alta capacidad en la provincia, sobre todo en el tramo entre la ciudad del Lérez y Rande. La Voz de Galicia informó de los movimientos por ambas partes del conflicto. «Piden la paralización de las obras de la autopista», se titulaba un 8 de marzo de hace 45 años. La ofensiva de los opositores se extendió a todos los frentes que se les podía ocurrir. Vecinos de Pontevedra y de O Morrazo viajaron a Madrid para entregar copias de sus quejas en los ministerios de Agricultura, Gobernación, Marina, Presidencia del Gobierno y Obras Públicas, la Dirección General de Sanidad, el Icona, la Comisión de Derechos Humanos y hasta la Casa Civil del Rey. Fue un preludio de la manifestación que se convocó para septiembre y que reunió en aquellos últimos días del verano de 1977 a unas siete mil personas en la capital provincial.

¿Qué alegaban los detractores de la AP-9? Señalaban que la obra «ocupa grandes extensiones y las mejores tierras de labranza» y añadían que la autopista «supone un obstáculo para las posibilidades de nuestra economía» porque entendían que en Galicia «no es racional un sistema de transporte lineal», donde además, según su punto de vista, solo se atendía a «intereses económicos de la empresa».

También se advirtió a los departamentos estatales de las presuntas situaciones de «coacción y amenaza moral que están sufriendo los vecinos» por parte de los funcionarios de la autopista. En ese escrito se llegó a acusar a las «autoridades locales» pontevedresas de que «siempre son desfavorables a los intereses de la comunidad».

En resumen, los afectados exigieron en este escrito de marzo de 1977 que se paralizasen las obras y que se crease una «comisión técnica interdisciplinar» que se ocupase de un «estudio total» del problema y elaborase «alternativas teniendo en cuenta los intereses generales del país».

Visita del ministro

Ante la falta de respuesta, en Vilaboa salieron a manifestarse a los pocos días y la presión social que se vivía en la provincia fue tan fuerte que al ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), no le quedó más remedio que intentar apagar fuegos con una visita relámpago a Pontevedra.

En lo que entonces era el Gobierno Civil —hoy Subdelegación del Gobierno—, Calvo Sotelo sostuvo: «Considero la autopista como una obra necesaria, que traerá ventajas, aunque exige expropiaciones e incomunique las zonas lindantes por donde pasa».

El ministro admitió algunos defectos en la ejecución de los trabajos, que se comprometió a subsanar. Curiosa fue su apreciación sobre la representación vecinal con la que se reunió. «Tuve la sensación de que no eran gentes de la tierra, gentes que sufrieran el problema, los portavoces de los vecinos de Vilaboa que hablaron conmigo». El redactor de La Voz le enmendó la plana al señor ministro al explicar que hubo otra reunión y que Calvo Sotelo en esa cita «pudo haber comprobado que sí eran gentes de la tierra».

La gran protesta

No convenció el mandatario a nadie, o eso pareció, porque el 4 de septiembre una multitudinaria manifestación que La Voz estimó en siete mil personas recorrió la ciudad de Pontevedra, convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados de la Autopista, en la que fue una de esas protestas que marcaron un hito en la comarca. Vinieron personas de toda Galicia —quedó constancia de buses desde Tui hasta Barallobre (Fene)— y la multitud de pancartas vecinales dejó en un segundo lado al baile de siglas de los partidos políticos opositores a la obra, la mayoría hoy en día ya disueltos.

Las consignas las marcaban los altavoces del coche que abrió la marcha. Entre ellas estaban: «Autopistas non, carreteiras [sic] en condicións» y «Autopista fóra, esta terra é nosa». En la pancarta de cabecera se podía leer «Fóra a autopista, non á colonización».

Una vez más se pidió la paralización de los trabajos, cosa que no se consiguió. La autopista se hizo y al enfado por la obra le sustituyó otra polémica, las tarifas del peaje que la provincia aún hoy sufre.