Revolución telemática

Concellos como el de Pontevedra ya estrenan la reforma legal impuesta por el COVID-19 celebrando sesiones «on line» de sus órganos de gobierno


El coronavirus ha logrado obrar la reforma legislativa que desde hace años se requería para actualizar una parte sustancial de la vida orgánica de los ayuntamientos y diputaciones a las nuevas tecnologías. El pasado 31 de marzo, casi de puntillas, opacado por otros acuerdos económicos y laborales que se tomaron aquel día, el consejo de ministros decidió reformar por decreto la Ley de Bases del Régimen Local, dentro de las medidas para luchar contra el coronavirus.

Esta Ley de Bases es como la «carta magna del municipalismo» en España. Data de 1985 y reglamenta la actividad de las corporaciones locales y sus órganos de gobierno. 35 años después que entrase en vigor, el Gobierno acaba de decidir una modificación para contemplar que tanto los municipios como las diputaciones puedan ya convocar y celebrar, en remoto, sesiones de sus órganos colegiados usando medios telemáticos, con plena validez y garantías legales. El Gobierno faculta esta opción en situaciones excepcionales de fuerza mayor o riesgo colectivo que impidan el normal funcionamiento de las corporaciones.

Atajo legal

La reforma por decreto que acaba de decidir el Gobierno es el atajo, motivado por una emergencia, que permitirá consumar lo que no se consiguió hace unos años cuando se planteó por el propio PSOE una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Así como para materializar lo que más recientemente planteaba el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra. En el pleno corporativo de octubre de 2019, el Partido Popular propuso acordar la implantación del voto telemático en el Concello. En la defensa de la moción, Pepa Pardo argumentó que era una decisión perentoria para garantizar la igualdad y la conciliación. Reivindicó la necesidad de preservar la plena participación de cualquier concejala o concejal en el debate y votación de asuntos del Concello aunque estuviera de baja por maternidad, causas médicas o de otra naturaleza. Pepa Pardo demandaba que Pontevedra fuese pionero entre los concellos gallegos tomando ese acuerdo del mismo modo que en España ciudades como Madrid o Zamora ya habían acordado su implantación.

La moción del PP solo fue apoyada por Goyo Revenga (Ciudadanos). Por tanto, derrotada por la mayoría BNG -PSOE. Anabel Gulías, en nombre de la coalición de gobierno, manifestó su acuerdo con el fondo de la propuesta, pero explicó el voto en contra porque carecía de base legal por faltar informe preceptivo del secretario municipal, porque requería una reforma del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento (ROF) o bien de la propia Ley de Bases de Régimen Local… Quién le iba a decir a nuestra corporación que esa reforma se iba a producir por decreto seis meses después de aquel debate.

Se estrenó el lunes

De tal modo que el gobierno municipal pontevedrés pasó de aquellos remilgos a aplicarse con urgencia en la nueva posibilidad que se abre. La junta de gobierno celebrada el pasado lunes ya fue convocada y celebrada conforme la nueva posibilidad. Aunque el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y algunos tenientes de alcalde estuvieron presencialmente en la sala del Concello, seis miembros ya comparecieron mediante videoconferencia.

El paso siguiente será una junta de portavoces y las subsiguientes comisiones informativas que preparen el próximo pleno de la Corporación que debería celebrarse el día 20, penúltimo lunes de este mes, si se puede mantener la periodicidad habitual. Ya sería telemático y retransmitido por streaming, con los medios propios que cuenta el Concello desde 2016, para garantizar el carácter público de la sesión.

En suma: lo que ya tendría que ser una práctica habitual en pleno siglo XXI, ha adquirido rango legal y se normaliza «gracias» al estado de alarma derivado de la crisis sanitaria que nos ha paralizado. Se trata de que las administraciones locales no se detengan, como ocurría desde el 14 de marzo, y que, a pesar del confinamiento, puedan adoptarse acuerdos, muchos de ellos, cruciales para dinamizar las economías locales. En el caso de Pontevedra, felizmente la junta de gobierno telemática del pasado lunes resolvió aplazar los cobros de tasas municipales de agua, basuras y veladores, una reivindicación de los sectores más vulnerables por el apagón económico que ya habíamos planteado en esta misma crónica hace dos semanas.

Otra cuestión es el grado de modernización de cada concello pues en esto había niveles: desde champions hasta regional preferente. Pontevedra, Vigo, Sanxenxo, Cangas, Porriño... ya jugaban en Europa. Pero había muchos que rompían botas en campos de tierra. Afortunadamente la Diputación ha salido al rescate y en menos de una semana ha implementado una plataforma informática, gratuita, para los 53 concellos de la provincia que ya están adheridos al sistema Gestiona de administración electrónica.

Transparencia inédita

La plataforma habilitada por Diputación es la misma que el propio organismo que preside Carmela Silva empleará para celebrar sus sesiones. Es accesible a través de ordenadores, tablets y teléfonos móviles al tiempo que permite retransmisiones en directo a través de la propia sede electrónica y desde las redes sociales de cada concello, garantizando una transparencia inédita.

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