El Supremo exime al Concello de Pontevedra de pagar tres millones por una parcela

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

La parcela se encuentra entre los edificios de la calle Ernesto Caballero y la vía del tren.
La parcela se encuentra entre los edificios de la calle Ernesto Caballero y la vía del tren. Ramón leiro< / span>

El alto Tribunal ratifica la valoración municipal de 180.000 euros por una finca entre Ernesto Caballero y la vía del tren

18 feb 2014 . Actualizado a las 13:19 h.

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a un viejo litigio que enfrentaba a la sociedad mercantil Consmacar SL con el Concello de Pontevedra. La sentencia se refiere a la expropiación forzosa de una parcela situada entre la calle Ernesto Caballero y la vía del tren y podría haberle costado al Concello nada menos que tres millones de euros. Con la sentencia del Supremo, la valoración de la parcela en cuestión se queda en algo menos de 180.000 euros, que era lo que habían cifrado en su día los técnicos municipales.

Una década desde la expropiación

El asunto viene de hace casi una década, cuando Consmacar SL solicitó la expropiación forzosa de una parcela de su propiedad, de unos 900 metros cuadrados, que está clasificada como zona verde en el PGOU en vigor. La finca, denominada «Espaller», se encuentra entre la trasera del edificio ubicado en el número 25 de la calle Ernesto Caballero y la vía del tren Vigo-Santiago, dando a la calle José Malvar.

La sociedad se acogió al derecho a instar la expropiación forzosa al transcurrir más de cinco años sin que el Concello la ocupara para darle el uso previsto en el plan. Las discrepancias surgieron en cuanto a la valoración de la propiedad. El Concello estipuló un precio de 172.935,47 euros, a los que habría que añadir el 5 % en concepto de apremio de afección. Es decir, una tasación de menos de 200 euros por metro cuadrado. Frente a esta valoración, Consmacar SL exigía 2.990.961, incluido el referido 5 %. O sea, cerca de 3.000 euros por metro cuadrado.

El asunto fue pasando sucesivamente, por los recursos planteados por los propietarios de la parcela, por el Jurado de Expropiación Forzosa de Galicia y por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia antes de llegar al Supremo.

El Concello ya formalizó en septiembre del 2011 el pago de la cantidad ahora ratificada por el fallo del Tribunal Supremo.