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Irán de la mano en la defensa de mantener el uso público del inmueble
25 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Concello y Diputación están dispuestos a ir de la mano en la defensa de que se mantenga un uso público del edificio de Hacienda en A Ferrería, que el ministerio pretende sacar a la venta para hacer caja. Según desveló ayer el concejal César Mosquera, el asunto fue abordado hace un par de semanas en la reunión que mantuvieron en el Pazo provincial el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), para desbloquear el convenio por el que se construirá el primer tramo de la ronda urbana.
En aquel encuentro se puso sobre la mesa la pretensión de Hacienda de poner en el mercado su infrautilizada sede pontevedresa y Louzán, según Mosquera, «mostrou unha moi elevada receptividade á posibilidade de implicarse na xestión futura do inmoble», tal y como le propuso el alcalde. «O presidente da Deputación ten claro que o Concello ten moito que dicir sobre o futuro do edificio», indicó el edil.
La idea, pues, es establecer una estrategia conjunta para defender el uso futuro del simbólico inmueble, sin descartar ninguna opción para el mismo.
Al parecer, el interés de la Diputación no es nuevo, pues hace tiempo ya se pensó en el inmueble como posible sede para el Museo. Luego se obtuvieron fondos para el Sexto Edificio y aquellas conversaciones con Hacienda se quedaron en nada.
En la citada reunión con Lores, Louzán habría expuesto, siempre según la versión de Mosquera, varias ideas para el inmueble. Una de las posibilidades es trasladar a A Ferrería las oficinas del ORAL, actualmente en un bajo de la avenida de Marín que es propiedad de la Diputación. Esta opción dejaría espacio para compartir el edificio con algún servicio municipal, de los que se hayan repartido en varios edificios.
Otra opción sería volver a plantear un proyecto museístico. O incluso barajar una cesión a una tercera entidad, igual que hizo el Ayuntamiento cuando adquirió y rehabilitó el Pazo de Mugartegui y lo cedió posteriormente al Consello Regulador Rías Baixas.
El asunto, en cualquier caso, está pendiente del Ministerio de Hacienda y sus planes o posibilidades de venta del edificio. Mosquera reconoció que cualquier operación entre Concello y Diputación solo sería factible «se o ministerio está disposto a fixar un prezo pouco menos que simbólico polo inmoble».