El Concello contrata a una empresa para gestionar 900 registros en un año
20 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.En tiempo de crisis las administraciones necesitan captar recursos. El Concello de Pontevedra no es ajeno, y entre las medidas puestas en marcha para obtener ingresos se inició hace algunos meses un plan de lucha contra el fraude fiscal que incluye, entre otras cuestiones, una inspección del Catastro con el fin de localizar inmuebles que no estén dados de alta o cuya ficha no esté actualizada.
Tras una primera fase de inspección que permitió detectar 233 inmuebles en situación anómala en las parroquias de Lourizán y Salcedo, el Concello ha convertido ahora la colaboración con la empresa Longo Ansa y Asociados SL en un contrato formal por el que la firma obtendrá una remuneración de unos 70 euros euros (57,71 más IVA) por cada nueva alta catastral que gestione.
El Concello destinara a este asunto una partida de 72.600 euros en un año, con la que se pretende dar de alta alrededor de un millar de nuevos registros catastrales. Hay que recordar que lo que se busca que aflore son tanto viviendas que no estaban dadas de alta como otras cuyos registros no estaban actualizados por reformas, ampliaciones y otras circunstancias.
El portavoz del gobierno local y concejal de Facenda, Raimundo González Carballo (BNG), destacó ayer que esa remuneración que obtendrá la empresa con la que se firmará el contrato supone aproximadamente un 10 % de los ingresos que obtendrá el Concello con cada alta, «que, ademáis, xa é para sempre», con lo que el negocio, insistió, es muy rentable para las arcas municipales. De hecho, recordó que los 233 registros actualizados en Lourizán y Salcedo suponen un incremento en el padrón del impuesto de bienes inmuebles de aproximadamente doscientos mil euros. Atendiendo a esta cifra, González Carballo espera que de lograrse ese millar de altas el padrón del IBI del próximo año se incremente en unos 90.000 euros.
A mayores de esas 233 nuevas altas ya formalizadas entre Lourizán y Salcedo, la empresa que llevó a cabo la primera fase de la inspección localizó en torno a 175 casos similares en Tomeza y Marcón, que estarían pendientes de regularizar.
También en el casco urbano
Una vez que se complete la revisión completa de estas dos parroquias, los trabajos de la empresa se centrarán tanto en las once restantes como en el casco urbano, donde también se presume que hay un cierto número de edificaciones sin dar de alta o sin actualizar.
Hay que recordar que entre otros, el Concello detectó casos como el de la residencia de la tercera edad de Campolongo, inaugurada en 1992 y que nunca ha pagado el IBI porque no estaba dada de alta en el Catastro. Tras la denuncia pública del Concello, la Xunta, titular del edificio, admitió el «error» y anunció que ya está tramitando el alta. En situación similar se encontrarían otros inmuebles de titularidad pública, como el centro de salud de Monte Porreiro, la ampliación de Montecelo o alguno de los edificios de la Estación Fitopatológica de Areeiro, dependiente de la Diputación Provincial.