El TSXG dice que el informe urbanístico no es preciso para el aval ambiental a Ence
PONTEVEDRA
La supramunicipalidad permite renovar la licencia sin la intervención municipal
01 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitida en julio del 2011 tras una demanda de APDR señala que los planeamientos municipales tienen que vincularse al proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Por tanto, el requerimiento de un informe urbanístico que esgrime el Concello para que la Xunta anule la renovación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Ence y Elnosa carece de sentido.
El gobierno local rechaza el argumento de la Consellería de Medio Ambiente de que dicho informe no es necesario por la condición de supramunicipalidad. Sin embargo, los responsables municipales recalcan que ese estudio sería obligatorio a tenor del reglamento de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
En enero del 2010, el alto tribunal desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra contra la supramunicipalidad. Esta decisión judicial llevó al gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, del que están pendientes de respuesta.
El Concello se escuda en la posible estimación de este recurso para presentar ahora la anulación de las licencias ambientales concedidas a Ence y Elnosa en diciembre del pasado año.
El fallo judicial de julio del 2011 recoge que pese a ser cierto que el proyecto sectorial ha sido impugnado por APDR, el Concello y Salvemos Pontevedra, no hay razón para apartarse de lo declarado en las sentencias anteriores (en septiembre del 2008 y marzo del 2009) que obligan a supeditar los planeamientos locales a la supramunicipalidad.
El gobierno local recuerda que el pleno municipal del 18 de marzo del 2011 aprobó por unanimidad solicitar a la Xunta la caducidad del decreto de supramunicipalidad para el asentamiento industrial de Lourizán, aprobado por la Administración gobernada por Manuel Fraga en 2003 con la intención de instalar en Lourizán una planta de tisú, que cerrarse el ciclo del papel.