Miembros del comité de empresa de Clesa mantuvieron ayer en Madrid una reunión en el Ministerio de Trabajo. El encuentro se había solicitado antes del celebrado el pasado jueves con los administradores concursales y fue gestionado a través del sindicato UGT.
Aunque los representantes de los trabajadores de la planta láctea acudieron a la capital de España sabiendo que el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción no se va a aplicar antes de que se firme la venta, calificaron de «muy importante» haberse desplazado a Madrid. En la reunión con la autoridad laboral también estuvieron presentes dos representantes de la administración concursal.
«Expresamos nuestra situación y por qué nos negamos a firmar el ERE extintivo, además de entregar documentación relativa al contrainforme sobre el expediente y a la pregunta debatida en el Parlamento de Galicia sobre las gestiones realizadas por la Xunta», explicó Lola Ramos. La presidenta del comité indicó que aunque Trabajo ya había informado el ERE, la autoridad laboral solicitó ayer un plazo de diez días para elaborar un nuevo dictamen.
Además de cansados, los miembros del comité regresaron a Caldas con la esperanza de que se vayan dando pasos por parte de los inversores. «Lo fundamental ahora es que se mueva la inversión», apuntó Ramos Vila.
En la entrevista que cuatro integrantes de la comisión municipal de seguimiento de Clesa mantuvieron el pasado jueves con los administradores concursales se solicitó una mejora en las dos ofertas presentadas. De hecho, esos fueron los «deberes» que se trajeron de la capital Lola Ramos y su compañero de comité Manuel Raña, el alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, y el concejal de Independentes de Caldas (ICdR), Fernando Pérez.
Ofertas económicas
Empleados y políticos locales insisten en que la oferta que lidera Feiraco junto a once cooperativas gallegas es la que apoyan por ser la única que garantiza que no habrá extinción de contratos.
El plan económico de Feiraco para hacerse con el control de la factoría ubicada en Saiar asciende a 10,2 millones de euros. El de Lácteos Tambre es algo superior -12 millones-, pero según fuentes consultadas ayer por La Voz es «mucho más inconcreto». Entre otros aspectos, inicialmente planteaba hacerse con la propiedad en alquiler -algo que rechazó la administración- y no negoció con el principal acreedor hipotecario de la nave, que es el Banco Santander.
«Expresamos nuestra situación y por qué nos negamos a firmar el ERE extintivo»
Lola Ramos Vila