Dos familias de Caldas rechazan escolarizar a su hijos en el San Fermín
22 jun 2011 . Actualizado a las 10:58 h.«Estamos dispuestos a llegar hasta el final, incluso a la vía judicial, para que se respeten nuestros derechos y los de nuestros hijos». Esta frase pronunciada ayer por un padre, Luis García, resume el sentir de las dos familias de Caldas que finalmente se quedaron sin plaza de infantil en el colegio público integrado (CPI) Alfonso VII de Caldas para el curso 2011/2012.
Lejos de rendirse tras la decisión de la Comisión de Escolarización de denegarles la matrícula en este centro -asignándole el colegio privado San Fermín- piensan plantar batalla y agotar todos los recursos administrativos y legales. «Esto no es un capricho de unos padres, lo hacemos por nuestro bien y el de los niños. Estamos bien informados y asesorados por un abogado y los sindicatos», remachó Luis García, que ejerció como portavoz de la otra familia.
La primera medida fue presentar una reclamación individual ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación. Lo hicieron ayer en Pontevedra. El caso de la familia García-González es quizá el «más sangrante» porque residen en la parroquia de Arcos da Condesa, donde hasta hace cinco años había una escuela unitaria adscrita al CPI Alfonso VII. En este colegio tendrían garantizado el servicio de transporte escolar, no así en el San Fermín.
Además, los padres rechazan enviar a su hija a un centro que no sea público. Entienden que la Administración autonómica está vulnerando el derecho de su niña a que se le asigne reserva en un colegio público. Ya interpusieron una queja ante el Valedor do Pobo, quien valoró que la asignación de una plaza en el Alfonso VII «vendría amparada en los artículos 27 y 103 de la Constitución». Esta familia también solicitó por escrito a Educación poder examinar el expediente por el que se clausuró la escuela unitaria de Arcos, indicando si el cierre fue definitivo o provisional.
La otra familia afectada es la Romero-Martínez, que reside en la Travesía Somonte, en Caldas. El conflicto se inició el pasado abril y cuentan con el apoyo de la ANPA, el colegio Alfonso VII y el Concello de Caldas. La comunidad educativa entiende que el problema se solventaría ahora, pero también para años venideros, con la creación de una nueva aula de infantil y de un profesor. El siguiente paso será acudir a la Consellería de Educación con un escrito avalado por unas 30 firmas de padres y al Valedor, aunque no descartan otras opciones incluida la vía judicial.