La Xunta se dispone a ejecutar «en breve» la demolición del tanatorio de Montecelo
PONTEVEDRA
La Axencia Galega de Legalidade Urbanística (AGLU) ha comunicado al Concello de Pontevedra que ya ha contratado a una empresa para proceder al derribo del tanatorio de Montecelo, una instalación sobre la que pesa una orden de clausura, cese de actividad y demolición, ratificada el año pasado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Fuentes de la AGLU confirmaron a La Voz que no cabe otra opción que ejecutar la sentencia, de ahí la comunicación al Concello, que también ha sido informado de que el proyecto de demolición ya está aprobado. Aunque no hay una fecha cerrada para el inicio de los trabajos, la demolición del edificio se llevará a cabo «en breve», según las mismas fuentes.
«Buscar una solución»
Una previsión que, en principio, parece que no es compartida por la empresa que gestiona el tanatorio. Un representante de la misma confirmó ayer que no tienen ninguna comunicación sobre la presunta demolición. Este portavoz insistió en que la instalación se construyó «legalmente», amparada por licencia municipal y autorizaciones de la entonces Consellería de Política Territorial. «Hicimos todo legal, y habrá que buscar una solución», indicó el representante empresarial, obviando la existencia de una sentencia de anula los citados permisos.
El origen de la polémica viene desde que en diciembre de 1993 Política Territorial concediera autorización para un tanatorio, lo que llevó al Concello a otorgar licencia de obras en agosto del 94 y de apertura en septiembre del año siguiente.
Fue el propietario de una vivienda en las inmediaciones, Adolfo González Soto, el que pleiteó en los tribunales contra la concesión de estos permisos, ya que la parcela en la que se levantó la instalación era «suelo rústico no urbanizable», tal y como acabó ratificando el TSXG.
Ejecución de la sentencia
En mayo de 1997 el alto Tribunal gallego anuló la autorización para el emplazamiento de la edificación en suelo rural y determinó que que no resultaba «debidamente justificada su necesidad». En el 2001, el Supremo confirmó este dictamen. A la vista de estas victorias judiciales, el denunciante instó a que se ejecutase la sentencia de demolición.
En este marco, el 27 de mayo del 2004, la Consellería de Política Territorial culminó el expediente de reposición que, de nuevo, le dio la razón al pontevedrés. El dictamen no podía ser más claro: ordenaba la clausura y cese de la actividad, además de la demolición de la infraestructura, «prohibiendo definitivamente los usos». Esa es la sentencia que ahora se dispone a ejecutar la Axencia Galega de Legalidade Urbanística.