Acusa a los arrestados de haberse llevado millones de euros con adjudicaciones ilegales en Santa Coloma
28 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Comisiones urbanísticas millonarias, adjudicaciones amañadas de obras y de servicios públicos y blanqueo de capitales en paraísos fiscales. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató ayer la operación Pretoria contra la corrupción inmobiliaria a gran escala en la provincia de Barcelona y situó en el epicentro a dos ex altos cargos de los Gobiernos de Jordi Pujol y a los gobernantes socialistas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, entre ellos su alcalde. Todos están acusados de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según las investigaciones, los ocho arrestados ganaron millones de euros en un gran pelotazo urbanístico en Santa Coloma hace una década, entre otros negocios turbios. Decenas de agentes de los equipos de la Guardia Civil adjuntos a la Fiscalía Anticorrupción participaron desde las diez de la mañana en el operativo, que se saldó con ocho detenidos y 13 registros en los municipios catalanes de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Hospitalet. Los primeros arrestados fueron dos veteranos ex altos cargos de CiU, cuyos movimientos patrimoniales hace siete años pusieron a la Guardia Civil sobre la pista de la trama corrupta: Lluís Prenafeta, de 70 años, mano derecha de Pujol mientras gobernó y antiguo secretario de Presidencia del Ejecutivo autonómico, y Macià Alavedra, de 75 años y ex consejero de Gobernación y Economía. A continuación se practicaron las detenciones del alcalde socialista de Santa Coloma desde el 2002 y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y de dos de sus hombres de confianza: Pascual Vela y Manuel Dobarco, tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, y presidente de la empresa municipal de la vivienda Gramepark. Garzón también ordenó la captura del ex diputado socialista Luis García Sáez, que ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, y de dos conocidos promotores catalanes relacionados con las operaciones urbanísticas bajo sospecha, Josep Singla, presidente de la inmobiliaria Proinosa, y Lluís Casamitjana, presidente de Espais.