Solo un cuarto de los lanzamientos señalados por el juzgado de Pontevedra acaban produciéndose
19 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las deudas económicas no entienden el significado de la compasión. Ni los bancos, ni por supuesto los juzgados, ejecutores de una ley que no ampara nunca al deudor. Así, cada semana cuatro familias del área judicial de Pontevedra son desahuciados de sus viviendas. Algunos por no pagar la hipoteca y otros muchos por no desembolsar el alquiler de su piso. Es, sin duda, la cara más marga de la crisis. «Muchos es por que se han quedado sin trabajo pero otros son deudores profesionales», señala Julio Álvarez, funcionario del Servicio de Notificaciones y Embargos de Pontevedra.
Aunque se ejecutan una media de cuatro lanzamientos cada semana, el juzgado puede señalar alrededor de doce desahucios, de los que un tercio no se llegan a producir por acuerdos entre las partes. Y si cuando la crisis es una palabra que retumba en la cabeza desde hace un año, el secretario del servicio, Carlos Robira, asegura que lo peor está todavía por venir. Embargos y lanzamientos se acumularán a finales de año en los juzgados de la ciudad. Será, sobre todo, el momento en que las prestaciones por desempleo se dejen de cobrar y los pontevedreses no puedan hacer frente a sus deudas.
257 operaciones en 3 meses
El Servicio de Notificaciones asume los embargos y los lanzamientos del partido judicial de Pontevedra. En lo que va de año se han señalado 257, mientras que la misma fecha del pasado año solo se habían procesado 143 notificaciones. Robira señala que el aumento en empresas y particulares ha sufrido un crecimiento paralelo. «En caso de que la persona no tenga bienes se actúa sobre su domicilio. La Oficina de averiguación patrimonial es la que informa. Los procuradores señalan algunos objetos, nombramos un depositario y después sale a subasta, pero muchas veces las empresas siguen trabajando con la maquinaria y no hay que sufrir mayores consecuencias», explica. Aunque en ocasiones las deudas llegan a 500.000 euros, lo normal es que oscilen entre los 500 y los 20.000 euros.
A pesar del aumento del trabajo en la oficina, los empleados son los mismos que cuando se puso en marcha el servicio en el 2000. Entonces eran 11 reclutas, dos funcionarios y un secretario para 18.000 operaciones al año. Hoy, ocho años después, son 30.000 para el mismo personal. «Este año llegaremos hasta las 35.000», indica Julián González resignado.