Análisis
02 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.?n objetivo colateral que busca la Fiscalía de Pontevedra en su investigación sobre los caballos salvajes es, de alguna manera, conseguir que la Administración determine que los equinos deben estar convenientemente identificados. Una de las consecuencias que tiene el hecho de que no se conozca fehacientemente quien es el dueño del animal impide que los propietarios de vehículos o terrenos que sufran daños por la acción directa de estos animales sean convenientemente indemnizados. Prueba de ellos son los numerosos expedientes y dictámenes que el Consello Consultivo de Galicia acumula a lo largo de los años en este sentido. El ministerio público sostiene que las trancas restan movilidad a los caballos y estos son incapaces de reaccionar ante la presencia de vehículos. Es el caso de un conductor que, el 18 de abril del 2000, circulaba por la carretera de Muras - Viveiro. En un momento dado, una mana irrumpe en la calzada y el hombre no pudo evitar atropellar a uno de los animales. Reclamó 708 euros. El Consello determinó que no cabía abonar cantidad alguna, ya que, entre otras cuestiones, el equino no portaba ningún signo identificativo. Esta circunstancia «fai que non se poida coñecer nin o lugar da súa procedencia, nin o seu dono», por lo que «non resulta posible imputarlle á Administración autonómica titular da vía as consecuencias danosas do accidente». Similares resoluciones se produjeron en los casos de otros sucesos ocurridos en los últimos años. Entre estos se encuentra las reclamaciones interpuestas por los daños derivados de atropellos de caballos salvajes en todo tipo de carreteras de Galicia, caso de las poblaciones de As Pontes, Riotorto, Porriño, Gondomar, Viveiro, Betanzos...