?unta y concellos discrepan también sobre las indemnizaciones que corresponden a los propietarios afectados por la ocupación ilegal de terrenos para la construcción del embalse del Umia. La cuestión está pendiente de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resuelva el denominado incidente de ejecución de sentencia, solicitado por el abogado de la Administración autonómica el pasado septiembre después de conocerse uno de los fallos del Tribunal Supremo contrarios a ella. La tesis que defiende el letrado que lleva la representación de los ayuntamientos de Caldas, Cuntis y Moraña es que la Xunta tendrá que pagar en torno a un 60% más a cada propietario. Daños y perjuicios La finalidad del incidente de ejecución de sentencia es determinar y cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a los dueños de las fincas ocupadas ilegalmente. En su escrito, el abogado de la Administración gallega sostiene que la indemnización debe ser sólo el resultante de calcular el 25% del justiprecio decretado. Para el letrado de los concellos el justiprecio de las fincas se tiene que incrementar un 5% en concepto de premio de afección, más un 25% en concepto de compensación económica y demérito por ocupación ilegal. A esa cifra habría que sumar los intereses legales, calculados desde el 11 de abril de 1998 hasta la actualidad. Hasta ahora, la Coordinadora Antiencoro no se pronunció públicamente sobre el incidente de ejecución de sentencia. Un portavoz sí cuestionó la legitimidad del abogado de los ayuntamientos para solicitar al TSXG una relación nominal de los propietarios afectados.