La empresa reclama más de 318.000 euros al sindicato y a los huelguistas Más de 318.000 euros es la cantidad que reclama la empresa Transportes La Unión a los doce trabajadores que, entre enero y junio del pasado año, integraron el comité de huelga de la citada empresa y a la Confederación Intersindical Galega (CIG). A los primeros les acusó ayer, en el Juzgado de lo Social número uno de Pontevedra, de no velar por los bienes de la compañía, mientras que los responsables de la central fueron señalados como inductores de las protestas.
21 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.En una maratoniana jornada -el juicio comenzó a las diez de la mañana y concluyó a última hora de la tarde-, la CIG y los miembros del comité de huelga durante el conflicto laboral que el pasado año afectó a La Unión defendieron la inexistencia de responsabilidades por parte de los demandados. Calificaron la iniciativa de la empresa como «non procedente». Mientras la compañía mantuvo que «una de las funciones del comité de huelga es velar por la integridad de los bienes de la empresa, y eso no se ha cumplido», la defensa sostuvo que «o Tribunal Supremo, en duas sentencias de 1990, argumenta que non se pode impor un plus especial ós membros dun comité. Son traballadores como calquera outros». Transportes La Unión presentó una denuncia de más de cuarenta folios en los que desgrana, uno por uno, sesenta hechos en los que fundamenta la demanda. «Es poco habitual denunciar a un sindicato, pero puede ser un precedente», dijo el abogado, que resaltó la existencia de nuevas circunstancias que cuestiona la labor sindical de la CIG: «Recientemente hemos conocido que Rafael Iglesias y Xavier Aboi -dirigentes de la central- han sido condenados por una falta de coacciones en una concentración en cocheras». En el transcurso de la movilización, «mantuvieron -dijo- una actitud amenazante con abucheos a quien no secundó la huelga». La defensa apuntó que la demanda no puede ser procedente porque al interponerla, La Unión incumplió un acuerdo por el que la empresa «se comprometeu a retirar tódalas denuncias e a non reclamar danos. Estamos ante unha falta de acción por parte da compañía». La vista oral estuvo a punto de suspenderse cuando los demandantes solicitaron al letrado de la CIG que hablara en castellano o solicitarían la presencia de un traductor. El abogado, tras consultar con Rafael Iglesias, indicó que «si estivera a traballar para un particular a bo seguro non habería problema, pero represento a un sindicato nacionalista que defende o uso do galego en tódalas instancias». Acto seguido añadió que «quen nos demanda é unha empresa de Lugo que actúa no ámbito da comunidade galega e ten a obriga de contratar a xente que saiba a nosa lingoa».