La jueza lo imputa por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación
26 jul 2013 . Actualizado a las 15:25 h.La investigación de los ERE puede subir ya los últimos peldaños tras la declaración del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, que afirma directamente que el Ejecutivo conocía las deficiencias y las repercusiones que el fraude de las ayudas estaba generando. Según Gómez, sería «impensable» que el aún presidente José Antonio Griñán y entonces consejero de Hacienda no estuviese al tanto del elevado desfase económico que se estaba produciendo, y que provocaba a su vez el descuadre del presupuesto autonómico.
Mucho se habló sobre la trascendencia de la comparecencia de Gómez, que seguía anoche tras ser imputado ya por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Y no defraudó, porque se ratificó en lo que ya contó bajo juramento ante el Parlamento regional el pasado año y en una carta remitida al presidente de la Cámara. Solo que de forma más contundente. Gómez, que estuvo en la Intervención entre el 2000 y el 2010 (todo el período investigado) reafirmó buena parte de las tesis de la jueza. Según dijo, «se puede presumir» que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al convenio suscrito en el 2001 por la Consejería de Empleo y el Instituto Andaluz de Fomento (IFA), el ente pagador, que amparó el abono de las ayudas mediante transferencias de financiación en vez de con subvenciones excepcionales, mucho más estrictas y controladas.
Pero con ese sistema, que según el exinterventor no era ilegal porque fue aprobado por el Parlamento, se escapaba a toda fiscalización, y pronto comenzarían los desfases de presupuesto que acabaron disparando la partida 31-L (definida por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero como «fondo de reptiles») de los 640 a 721 millones.
De hecho, explicó, en el 2003 se produjeron las primeras discordancias llamativas, y el Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves acordó pedir a Intervención que analizara esos expedientes de transferencias de financiación. Dos años más tarde, ya con Griñán como consejero, el desfase acumulado rondaba los 93 millones, por lo que el interventor realizó el primero de los hasta 15 informes que remitió a las consejerías implicadas para tratar de solucionar el tema. Gómez asegura que despachó personalmente con la entonces viceconsejera de Hacienda y hoy responsable del área, Carmen Martínez Aguayo.