Diez acusados de comprar móviles robados hace ocho años dicen en el juicio en Ourense que los cambiaron por ropa, bicicletas o tatuajes
OURENSE
El hombre que sustrajo los 76 terminales en una tienda Vodafone admitió los hechos y se conformó con una condena de nueve meses de cárcel
02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Dicen que a la tercera va la vencida, pero para celebrar el juicio que este miércoles quedó visto para sentencia en la plaza dos de la sección penal de Ourense han sido necesarios siete intentos. Que el principal sospechoso de la que seguramente es la causa más antigua del tribunal de instancia de la capital compareciera ante la jueza custodiado por agentes de Policía Nacional ayudó a darle un empujón a un caso en el que, sin embargo, faltaron muchos acusados que sí habían estado en las anteriores citaciones. Eso sí, ya que la pena de prisión que se pedía para ellos era inferior a un año, pudo celebrarse el juicio, que además transcurrió con gran agilidad gracias al reconocimiento de los hechos del principal sospechoso.
Y es que Luis Miguel S. M., al que se conoce con el sobrenombre de el Portugués, admitió haber sido el ladrón que los días 2 y 8 de abril del 2014, tras romper de madrugada el cristal del establecimiento Vodafone de la calle Santo Domingo de la capital, se llevó 76 móviles valorados en casi 20.000 euros. Los agentes de Policía Nacional que hicieron la inspección ocular en el lugar de los hechos encontraron restos de sangre suyos, pero además pesaba en su contra la imputación que hizo sobre él una tía suya. Esta relató en su día que sospechaba que su familiar podría haber estado dedicándose al robo de teléfonos y, de hecho, entregó una mochila con varios de los terminales sustraídos en la tienda ourensana, por lo que el acusado optó por no negar los hechos
.Además, se benefició de una interesante rebaja de condena. Así, frente a los cinco años de prisión que se reclamaban inicialmente para él, se pactó finalmente una pena de cárcel de nueve meses. Se tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, y se aceptó además suspender esa condena, lo que implicará que el ladrón no irá de momento a la cárcel. Eso con la condición de que cumpla tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad y abone la responsabilidad civil derivada de este caso «en la medida de sus posibilidades».
Distinta es la postura de los otros diez sospechosos de esta causa. A todos se les atribuye un delito de receptación porque se comprobó por parte de los investigadores que una tarjeta SIM con sus datos había sido introducida en algunos de los terminales. Esto lo admitió uno de ellos, que sin embargo negó haber adquirido el aparato. Explicó que Luis Miguel, el principal encausado, le ofreció un Samsung por 70 euros, con su caja, y que le pareció barato. Quiso probarlo e hizo dos llamadas con su chip personal, pero la operación le pareció «rara» y al final no lo adquirió.
Otro de los investigados sí reconoció haber comprado dos aparatos, si bien negó tener sospecha alguna de que fuera robado. Se hizo con un Samsung y un Huawei y aseguró que el hombre que los vendió le dijo que eran suyos. Un tercer acusado, que consiguió un Alcatel a cambio de «15 o 20 euros y unos pantalones», tampoco sospechó que se tratara de un aparato procedentes del mercado ilegal. Sí se temió esto último una mujer que adquirió otro de los teléfonos a un hombre que le había hecho tatuajes a su marido. «A los dos días me dejó de funcionar y cuando fui a poner la denuncia me dijeron que seguramente era robado», contó.
Ya en el turno de conclusiones el fiscal del caso pidió condena para los diez investigados, incluso los que no acudieron a la vista, alegando que todos usaron tarjetas con su nombre en los móviles y que los compraron a precios «irrisorios», por lo que sabían que no procedían del mercado legal. También les benefician los retrasos en la causa y, de hecho, solicita para ellos una pena de tres meses de cárcel, pero ninguno admite los hechos y todos aspiran a quedar absueltos en este vetusto asunto.
Argumentaron algunos abogados que el hecho de que sus clientes utilizaran los terminales no avala que los compraran y creen que la investigación debió ser más exhaustiva. Otros aseguraron que los hechos están prescritos y algunos más argumentaron que sus clientes lograron los aparatos a cambio de bicis o tatuajes, sin que mediara dinero. Uno de los letrados advirtió que su cliente lo compró en un mercadillo. «Ya se sabe que allí se va a por gangas; todos los hemos hecho alguna vez y no por eso somos receptadores», advirtió.