El conocido como caso del 10 %, en el que se piden penas de siete años de prisión para el exregidor ourensano por el PP, podría ser juzgado este mismo otoño
01 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Al exalcalde de la capital por el PP, Manuel Cabezas, lo juzgará un tribunal integrado por dos mujeres y un hombre, y ninguno de ellos ha tenido hasta ahora relación alguna con el asunto. Así termina el largo culebrón en el que se había convertido la designación de la sala para el conocido como caso del 10 %. Tras ser apartados varios jueces de la sección penal, a los que Cabezas consideraba «contaminados» y dar un paso atrás el resto de compañeros, se ha designado ya a los tres jueces que dirán si el ex regidor y su entonces edil de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, cometieron o no los delitos de malversación y prevaricación que se les imputan por no haber reclamado a promotores que desarrollaron proyectos urbanísticos en la capital el 10 % del suelo para aprovechamiento municipal. Por estos cargos tanto la Fiscalía de Ourense como la acusación particular, que ejerce la ex edila socialista Áurea Soto, piden penas de siete años de cárcel.
Ricardo Pailos Núñez, María Pilar Domínguez Comesaña y María José González Movilla, todos de la sección civil de la Audiencia provincial, son los togados que integrarán el tribunal en un juicio que podría celebrarse antes de que termine el 2021. Así, diversas fuentes apuntan a que se está tratando de fijar una fecha para el mes de octubre.
Siete años después
Si finalmente es así, habrán pasado más de siete años desde que Soto presentase en los tribunales la querella que desencadenó el caso. En los primeros momentos la Fiscalía no vio motivos para personarse, si bien el asunto fue dando muchos giros y en el 2019, la fiscala Carmen Eiró formalizó su escrito de acusación. «El acusado Manuel Cabezas, actuando en connivencia con el también acusado Ricardo Campo Labrador, [...] aprovechando los cargos públicos que ostentaban y guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados, entre los años 1997 y 2002 aprobaron quince proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, sin exigir la cesión del 10 %, pese a ser preceptiva», recoge el informe de esta representante del ministerio público.