Vuelco en el caso del 10 %: la Fiscalía pide siete años de cárcel para Manuel Cabezas

La fiscala acusa al exregidor de «convertir el patrimonio municipal en beneficios privados»


ourense / la voz

Hace ya más de doce años que Manuel Cabezas dejó la alcaldía de Ourense, pero su trabajo al frente de la corporación municipal de la ciudad de As Burgas aún sigue estando cuestionada en los tribunales y podría acarrearle severas consecuencias penales. En el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital ourensana se investiga al exregidor del PP y al que fuera su concejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, por si hubieran incurrido en alguna infracción penal al no reclamar a algunos promotores que afrontaron proyectos urbanísticos en la ciudad el 10 % del suelo, a raíz de una denuncia presentada por la socialista Áurea Soto.

Y el caso, en el que hasta ahora la denunciante estaba sola, ha dado un giro importante al sumarse la Fiscalía de Ourense, que desde el principio de la investigación había amparado a Cabezas, a la acusación. Desde el ministerio público se aprecian ahora indicios de que tanto el exregidor popular como el exedil de urbanismo vulneraron la legalidad al no exigir las cesiones a los promotores, provocando al erario público municipal un perjuicio de casi 1,7 millones de euros, ya constatados en su día por el Consello de Contas. Por ese motivo, los acusa de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos, por los que reclama para ambos una pena de siete años de prisión.

Así se expone en el escrito de acusación que ya ha sido presentado en el juzgado que investiga el caso. A lo largo de siete páginas el informe del ministerio público da cuenta de la propuesta aprobada en un pleno municipal celebrado el 15 de diciembre de 1994, que «suponía la no exigencia del 10?% del aprovechamiento urbanístico municipal en los polígonos de suelo urbano no consolidado [...] debido a la imposibilidad material de su aplicación, ya que conllevaría situaciones susceptibles de trato no igualitario entre los propietarios». Recoge la Fiscalía que se trataba de un acuerdo «eminentemente temporal» y también que, posteriormente, en marzo de 1997, el Diario Oficial de Galicia publicó otro dictamen según el cual los propietarios de terrenos de suelo urbano que carecieran de urbanización consolidada deberían asumir, entre sus deberes, el de «ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo correspondiente al 10 % del aprovechamiento del correspondiente ámbito».

Pero según el ministerio público esta última premisa no se cumplió en varios de los proyectos urbanísticos acometidos en la capital a lo largo de cinco años, en los que se habría actuado conforme a lo acordado en el pleno local. Y responsabiliza de ello tanto al exalcalde como al político que entonces tenía responsabilidades en el área de Urbanismo. «No obstante lo anterior, el acusado Manuel Cabezas, actuando en connivencia con el también acusado Ricardo Campo Labrador, [...] aprovechando los cargos públicos que ostentaban y guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados, entre los años 1997 y 2002 aprobaron quince proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, sin exigir la cesión del 10 %, pese a ser preceptiva», recoge el informe realizado por la fiscala Carmen Eiró.

Uno a uno el escrito da cuenta de los expedientes urbanísticos que se aprobaron en esos años, recogiendo que en varios de esos casos los proyectos en los que no se reclamaba el 10 % obtuvieron el visto bueno municipal a pesar de la existencia de informes jurídicos en los que se ponía de manifiesto que la aplicación de lo acordado en aquel pleno de diciembre de 1994, en la que se amparaba el visto bueno, incumplía lo «dispuesto en la Ley del Suelo de Galicia y Ley Estatal». Tiene constancia la Fiscalía de que existieron esos informes jurídicos en los que se advertía que se estaba incumpliendo la ley en trece de los casos investigados.

Para la fiscala estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, en su modalidad de comisión por omisión, en concurso con otro continuado de malversación de caudales públicos, en los que atribuye idéntica responsabilidad a Cabezas Enríquez y a Campo Labrador.

 Inhabilitación durante 17 años

Y aunque ambos ya llevan años apartados de la política, los delitos que se les imputan acarrean penas que, en su caso, les impedirían reintegrarse a la vida pública. Así, la fiscala, además de los siete años de prisión, interesa que sean inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante 17 años. Al duro reproche penal que se solicita por estos hechos se suma la responsabilidad civil, por el perjuicio causado a las arcas municipales, del que tendrán que hacerse cargo ambos acusados en caso de que sean condenados. A Manuel Cabezas se le reclama que indemnice al Concello de Ourense con 1,5 millones de euros, mientras que la suma que se solicita para Campo Labrador asciende a 1,1 millones.

Tras presentarse este escrito ante el juzgado instructor, está previsto que en próximas fechas se de traslado a la acusación popular, que ejerce la socialista Áurea Soto, para que presente también el suyo. El camino hacia el banquillo está señalado.

El caso se centra en el exalcalde y el exedil de Urbanismo tras excluirse al resto de la corporación

Este caso, que se inició en el año 2014 a raíz de una querella presentada por la exedila socialista de Urbanismo, Áurea Soto, tiene ya un largo recorrido que ha suscitado diversas consecuencias. La más reciente fue la tomada el pasado mes de octubre por la jueza instructora, Eva Armesto, que excluyó del mismo a los exediles del Partido Popular que durante aquellos años formaron parte de la corporación municipal y que también habían estado investigados en el caso. Eran Enrique Nóvoa, Francisco Javier Rodríguez Novoa, José Luis Rodríguez Cid, Belén Girón Vélez y Francisco Muñoz Seguín. Antes de esto, en julio pasado, la togada ya había declarado prescrita la causa para Elena Rivo, Mario Guede y Vicente Alonso, centrando el foco de la investigación en Manuel Cabezas y Ricardo Campo Labrador. En aquel auto, de hecho, la magistrada pedía que continuase la tramitación de las diligencias por si la conducta de ambos al no reclamar aquellas cesiones urbanísticas «pudieran ser constitutivas de delito».

 Dos jueces y dos fiscales

Además, el caso ha pasado ya por dos jueces y dos fiscales. El magistrado que lo instruyó en un primer momento y lo archivó, Leonardo Álvarez, optó por apartarse después de que la Audiencia ordenase reabrirlo y tras ser denunciado por Áurea Soto.

Los efectos más severos han sido para el exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que fue suspendido durante diez meses por faltas graves y muy graves cometidas después de que los letrados de Soto denunciasen retrasos injustificados por su parte en la tramitación del caso. Tras el cese de Delgado en mayo pasado el asunto pasó a la fiscala Carmen Eiró, que ha cambiado la postura que su departamento había mantenido en este asunto.

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