Vuelco en el caso del 10 %: la Fiscalía pide siete años de cárcel para Manuel Cabezas

Marta Vázquez Fernández
marta vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Santi M. Amil

La fiscala acusa al exregidor de «convertir el patrimonio municipal en beneficios privados»

09 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace ya más de doce años que Manuel Cabezas dejó la alcaldía de Ourense, pero su trabajo al frente de la corporación municipal de la ciudad de As Burgas aún sigue estando cuestionada en los tribunales y podría acarrearle severas consecuencias penales. En el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital ourensana se investiga al exregidor del PP y al que fuera su concejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, por si hubieran incurrido en alguna infracción penal al no reclamar a algunos promotores que afrontaron proyectos urbanísticos en la ciudad el 10 % del suelo, a raíz de una denuncia presentada por la socialista Áurea Soto.

Y el caso, en el que hasta ahora la denunciante estaba sola, ha dado un giro importante al sumarse la Fiscalía de Ourense, que desde el principio de la investigación había amparado a Cabezas, a la acusación. Desde el ministerio público se aprecian ahora indicios de que tanto el exregidor popular como el exedil de urbanismo vulneraron la legalidad al no exigir las cesiones a los promotores, provocando al erario público municipal un perjuicio de casi 1,7 millones de euros, ya constatados en su día por el Consello de Contas. Por ese motivo, los acusa de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos, por los que reclama para ambos una pena de siete años de prisión.

Así se expone en el escrito de acusación que ya ha sido presentado en el juzgado que investiga el caso. A lo largo de siete páginas el informe del ministerio público da cuenta de la propuesta aprobada en un pleno municipal celebrado el 15 de diciembre de 1994, que «suponía la no exigencia del 10?% del aprovechamiento urbanístico municipal en los polígonos de suelo urbano no consolidado [...] debido a la imposibilidad material de su aplicación, ya que conllevaría situaciones susceptibles de trato no igualitario entre los propietarios». Recoge la Fiscalía que se trataba de un acuerdo «eminentemente temporal» y también que, posteriormente, en marzo de 1997, el Diario Oficial de Galicia publicó otro dictamen según el cual los propietarios de terrenos de suelo urbano que carecieran de urbanización consolidada deberían asumir, entre sus deberes, el de «ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo correspondiente al 10 % del aprovechamiento del correspondiente ámbito».