El fiscal pidió que se citara por las cesiones a constructores al antecesor de Cabezas en la alcaldía de Ourense

La magistrada rechazó llamar como investigado a Veiga Pombo, que en el año 1995 abandonó toda actividad política tras dejar el Concello de Ourense


ourense / la voz

Hasta el alcalde socialista Manuel Veiga Pombo, regidor municipal en la capital entre los años 1991 y 1995, cree el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que se debe llevar la investigación sobre la decisión política de perdonar a los constructores el 10 % de cesiones obligatorias en aprovechamientos urbanísticos de 1997 y 2003, cuando gobernaba Manuel Cabezas. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, que es a quien corresponde decidir, no lo ve así y ha echado por tierra esa pretensión.

La magistrada ha desestimado la petición del fiscal, con lo que el ex regidor socialista podrá continuar con su vida, alejado de los focos y totalmente retirado de la vida política desde que en 1995 abandonó la alcaldía. No tendrá que acudir al juzgado, en calidad de investigado, por un acuerdo tomado en el año 1994.

El fiscal había pedido en un escrito a la jueza del pasado 7 de octubre que se citara a Veiga Pombo «por aparecer presuntamente responsable en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, el alcalde que presidió el citado pleno (de 15 de diciembre de 1994) y que en su consecuencia dictó el acuerdo objeto de las presentes diligencias». El fiscal se refiere al acuerdo plenario por el que se liberaba a los promotores de las cesiones del 10 % en los aprovechamientos urbanísticos, con el objetivo, según entonces se dijo, de dinamizar el sector de la construcción. Aquel acuerdo, con informe favorable del entonces secretario general del Concello, Mariano Rodríguez, siguió aplicándose en los años sucesivos por los gobiernos de Manuel Cabezas, amparado por sucesivos informes del mismo funcionario. El hecho de que se mantuviera entre los años 1997 y 2003 es lo que motivó la querella de la socialista Áurea Soto, al entender que en esa etapa no era legalmente posible que el Concello de Ourense renunciara a esos ingresos.

La petición del fiscal se ha estrellado contra la opinión de la jueza. Cree que el plazo de prescripción, que fija en quince años en relación con el delito más grave, está sobradamente superado. El acuerdo plenario es de hace casi veintidós años contando desde la sesión plenaria de diciembre de 1994 y octubre del 2016, «en tanto que el procedimiento no se dirige contra el mismo (Veiga Pombo) ni por resolución judicial ni de forma alguna».

Aunque descartado el salto atrás en la investigación del caso, la jueza ha aceptado la petición del fiscal para que se reclamen al Concello copias de aquel acuerdo plenario, de los informes de entonces secretario municipal y de los decretos de Manuel Cabezas de delegación de competencias en materia de urbanismo.

La jueza acudirá a León para interrogar en casa al ex secretario del Concello de Ourense

La titular del Juzgado de Instrucción número 3, Eva Armesto, ha decidido tomar declaración al ex secretario del Concello de Ourense, quien, hasta la fecha, había evitado esa situación. La testifical, según una provincia de fecha 13 de octubre remitida a las partes, se recibirá con carácter «inmediato y urgente (...) en el domicilio del mismo dado que su delicado estado de salud, según consta en los partes médicos que obran en autos, no hacen posible que la misma se lleve a cabo a través de videoconferencia». Rodríguez evitó hasta ahora declarar en una ocasión por estar hospitalizado en Canarias y en las siguientes por no poder desplazarse a Ourense ni a los juzgados de León. La jueza ha decidido que por exhorto, desde los juzgados de aquella capital, se solicite del testigo que se proponga la fecha con el fin de notificar a las partes para que puedan trasladarse o proponer las preguntas por escrito.

La actual instructora, a quien correspondió este caso después de que el juez decano Leonardo Álvarez decidiera apartarse de él, a raíz de que la ex concejala Áurea Soto se querellara contra él, no renuncia a esa declaración. Es importante en la medida en que, hasta la fecha, tanto el ex alcalde Manuel Cabezas como sus ex concejales de urbanismo, se ampararon en los informes del ex secretario, que la denunciante considera que no se podían aplicar entre 1997 y 2003. Áurea Soto estima que el perjuicio para las arcas municipales fue de al menos 1,6 millones de euros.

El juez decano, Leonardo Álvarez, no apreció indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales que Áurea Soto atribuía a Cabezas y sus exconcejales de urbanismo, por lo que decidió archivar el caso.

La Audiencia Provincial, sin embargo, ordenó continuarlo. Y es en esta nueva fase en la que ha entrado otra jueza, al haber coincidido la reapertura con la salida del primer instructor, que se apartó del caso al ser parte la ex concejala Áurea Soto, que mantiene una querella contra él.

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