En las poblaciones rurales es en donde se demanda una mayor seguridad
16 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Buscar una solución al incremento de atropellos en las últimas semanas se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Ourense y el resto de administraciones con competencias en materia de seguridad vial. Sin ir más lejos ayer se volvía a registrar un nuevo percance, en este caso en la carretera de Oira donde una persona fue alcanzada por un vehículo. Ante la alarma generada en la ciudad, La Voz de Galicia encargó un barómetro de Sondaxe. Los resultados de las encuestas realizadas en plena oleada de atropellos -entre el 30 de diciembre del 2015 y el 5 de enero del 2016- muestran que las medidas de seguridad vial existentes dividen a los encuestados. En el caso de la capital ourensana, casi la mitad (49,5 %) consideran que los controles y sistemas de vigilancia actuales en el núcleo urbano son suficientes y que, por tanto, no deberían de incrementarse. Esta respuesta mayoritaria sigue, por tanto, las tesis que mantienen los mandos policiales de que gran parte de los sucesos en el entramado urbano de la capital se deben a negligencias, ya sea de los conductores o de los peatones, y no tanto por una deficiente señalización o ausencia de radares.
En el extremo contrario se encuentran quienes defienden que el Concello de Ourense, la Policía Local, la DGT y la Xunta -parte de las carreteras que atraviesan la ciudad son de titularidad autonómica- deben de ponerse manos a la obra y mejorar la seguridad vial para frenar la sangría de atropellos de las últimas semanas. Y es que para el 35,3 % de los encuestados de Ourense capital las medidas actuales son insuficientes y para el 7,7 % son totalmente insuficientes. De lo que no queda duda tras el barómetro elaborado por Sondaxe es que los atropellos son una materia sensible, ya que el número de vecinos que no sabe o no contesta es del 7,5 %. Se trata de una cifra más baja de lo habitual y que si se compara con el ámbito provincial es sensiblemente inferior, ya que por ejemplo en las villas con más de 10.000 habitantes esa cifra se dispara hasta casi el 30 % de los encuestados en el barómetro elaborado por Sondaxe para La Voz de Galicia.
Insuficientes en el rural
Los vecinos de la provincia ourensana que muestran una mayor preocupación por la seguridad vial en materia de atropellos son los que viven en núcleos rurales con una población inferior a los 5.000 habitantes. En este caso, el porcentaje de insatisfechos se eleva hasta el 54 % de los encuestados.
El único radar fijo del que dispone el Concello está fuera de servicio desde hace varios meses
Entre la batería de medidas que se pusieron sobre la mesa en la reunión de las administraciones implicadas en seguridad vial se incluye la ampliación de controles de velocidad. La concejala de Seguridade, Flora Moure, incide en que solo hay constancia de que uno de los atropellos registrados en la ciudad en el 2015 fue por esa causa, pero aún así se apostará por incrementar las medidas de control en este aspecto. En este sentido, se valoró la opción de instalar varias cabinas de radares que están ya homologadas para entornos urbanos. También se estudia la opción de colocar el denominado «foto rojo», un sistema que realiza fotografías a los conductores que se saltan un semáforo.
A la espera de que se adopten estas medidas, la Policía Local de Ourense no cuenta a día de hoy con ningún sistema que le permita fijar la velocidad de los conductores, ya que el radar móvil que se puso en marcha a lo largo del año 2015 lleva varios meses fuera de servicio. Según explicó la edila, la DGT se lo reclamó para realizar una serie de corrección de deficiencias y esté operativo en breve.
Las dudas de la «marea»
El grupo municipal de Ourense en Común mostró ayer su recelo a la batería de medidas acordada para reducir los atropellos. Consideran que el gobierno popular debe afrontar una serie de medidas estructurales que solucionen el problema del tráfico en la ciudad y le instan a convocar una mesa de movilidad monográfica.