Contaban ayer desde Unións Agrarias que la nueva Ley de Calidad Alimentaria, que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 31 de julio, obliga a cualquier empresa que adquiera productos agrícolas a firmar un contrato con el agricultor que especifique el precio y el plazo de pago de la cosecha, so pena de sanciones para el comprador. Si realmente la nueva normativa está bien redactada en ese sentido -no sería la primera ley con tantas lagunas que en lugar de garantizar derechos abre un mundo de posibilidades legales para quienes quieren eludirla- es quizá la mejor noticia de los últimos años para el campo ourensano. Tras el fallido intento de los contratos homologados en sectores como el del vino, esta normativa puede suponer el último bote salvavidas para un sector primario que aquí vive en permanente situación de agonía. Pero además, puede ser mejor remedio -y mucho más eficaz- que las decenas de planes de desarrollo paridos por los políticos de turno para salvar a la provincia de la muerte absoluta a la que está abocada. Ni siquiera harán falta planes demográficos para incentivar la natalidad. Si quien quiere vivir del campo sale de la espiral de incertidumbre de no saber ni cómo ni cuando va a cobrar por su trabajo, posiblemente la espita de la emigración cierre un poco su flujo y haya más jóvenes dispuestos a quedarse. Y, de paso, menos fincas abandonadas al monte y zarzales que sirven únicamente para alimentar incendios. Si funcionase, Ourense podría explotar una de sus mayores riquezas: la tierra.