Hasta los últimos años no se ha roto la tendencia a resistir en los cargos, ya procesados, acusados, juzgados e incluso condenados, hasta que el Supremo dijera la última palabra
15 jun 2014 . Actualizado a las 07:20 h.A los políticos no les gusta ir a los juzgados. Ni siquiera como testigos, aunque disimulen. Menos aún cuando se les cita en calidad de imputados, tras una denuncia o una querella, o cuando ya saben que han de ocupar el duro banco situado ante quien los va a juzgar. El delegado de la Xunta de Galicia, Rogelio Martínez, a quien una reciente resolución de la Audiencia Provincial ha colocado a dos pasos de ese incómodo lugar, ha dejado claro que, si se produce esa situación, será el ciudadano Martínez quien se siente como acusado. No lo hará el político. Dimitirá, dice. Lo hizo, durante el mandato de la anterior corporación local ourensana quien entonces era teniente de alcalde por el BNG, Andrés García Mata. No ha sido, sin embargo, tendencia generalizada en los últimos treinta años. Provocó la Pokémon la dimisión del socialista Francisco Rodríguez y del nacionalista Fernando Varela en la capital, pero el popular Argimiro Marnotes, asentado en O Carballiño, miró a otro lado, quizás a la espera de auto de transformación de las diligencias previas, que es el momento crucial. Se puede entender que la detención y la libertad bajo fianza hayan marcado diferencias. Es posible. Las peticiones de dimisión cuando un alcalde -o un concejal- acude al juzgado para declarar en un caso y lo hace en calidad de imputado, con abogado y como medio de garantizar derechos, son hoy algo recurrente. Forman parte del juego político. Un mirada atrás indica que los niveles de exigencia han subido de forma drástica.
En EL PSOE
Balbino Álvarez, Veiga Pombo y las fiestas. En enero de 1989 denunció el concejal popular presuntas irregularidades en las fiestas del Corpus de 1988. Acusó al alcalde y al concejal de Cultura, Manuel Veiga Pombo y el fallecido Balbino Álvarez Rodríguez. El regidor, sobre quien llegó a recaer auto de procesamiento, fue eximido de responsabilidad sin llegar siquiera a juicio, pero el concejal Balbino Álvarez ocupó el banquillo. La sentencia de la Audiencia, de diciembre de 1994, lo absolvió de todos los cargos.
EN EL BNG
Allariz, Anxo Quintana y Francisco García. La toma del Concello de Allariz en el lejano agosto de 1989, sumada a los acontecimientos posteriores, dio lugar a que en marzo de 1990 se dictara un auto de procesamiento contra varios vecinos de Allariz, entre quienes figuraban el alcalde Anxo Quintana y su sucesor, Francisco García, entonces concejal. Se les acusaba de desobediencia, atentado, coacciones y lesiones. Llegaron a juicio, con otros dos concejales, compartiendo la condición de procesados y políticos en activo. En diciembre de 1991 los absolvió la Audiencia. Dos años después, sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la sentencia y condenó. Solo entonces tuvo consecuencias el procedimiento penal, al verse obligados a cumplir los períodos de inhabilitación. No ha dejado de arrasar el BNG, pese a ello, en todas las elecciones.
EN EL pp
Condena por prevaricación en Ourense. La sentencia es de enero del año 1989. La condena tenía como destinatario el exalcalde Antonio Caride Tabarés, del PP. Presidida la sala por el actual presidente del Tribunal Superior de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, le caían seis años y un día de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, concejal o análogo de tipo electivo. Había negado en 1986 el permiso que pedía la fallecida Cuca Fernández Tovar, para un trabajo de historia dirigido por el profesor Jesús de Juana, años después diputado del PP y gobernador civil. Negó el alcalde su firma para que consultara los libros de enterramiento de los años de la guerra civil. Incluso en junio de 1987, cinco días de que abandonara el cargo, el instructor del sumario lo requirió personalmente para que removiera los obstáculos. Se mantuvo inflexible.
delito electoral
El candidato de AP y los carteros. De 1989 es también la sentencia de la Audiencia de Ourense que absolvía de una acusación de delito electoral al entonces alcalde de A Veiga, el fallecido Vicente García Carrasco, que compartió condición con cinco trabajadores de Correos. En marzo de 1988 se dictó el auto de procesamiento. El fiscal situaba el delito en el verano de 1987, fecha en la que se celebraron las elecciones municipales, en las que García Carrasco concurría como independiente en la lista de Alianza Popular-Centristas, como recoge la sentencia. El acusador público atribuía al candidato y a los carteros una actitud cómplice para obtener votos por correo, aprovechando el conocimiento que el político tenía del vecindario por haber ejercido como médico durante casi treinta años.
viana do bolo y xinzo
Negociaciones prohibidas a funcionarios. A Neftalí Prieto, el también fallecido alcalde de Viana do Bolo, lo inhabilitó la Audiencia de Ourense en el año 1997 por un delito de negociaciones prohibidas a funciones. En octubre de 1991, siendo alcalde, había adjudicado unas obras a una empresa de la que era socio fundador y accionista. El Tribunal Supremo acabó absolviéndolo en el año 2001, cuando estaba en la oposición, sin dejar de incluir en la sentencia una referencia a la «falta de ética» del acusado. Por no haberse abstenido. En el caso de Isaac Vila, el exalcalde de Xinzo y exvicepresidente de la Diputación, la condena a nueve años de inhabilitación de la Audiencia de Ourense le llegó en abril de 1996. Se le juzgó, denunciado por el PSOE, por el «cierto acaparamiento de los suministros de productos agropecuarios a la Diputación» entre los años 1983 y 1993, que vendía a través de una empresa familiar. Vila siempre sostuvo que vendía prácticamente a precio de coste, pero ello no fue suficiente para evitar la condena. Rebajada a tres años de inhabilitación la pena, solo abandonó sus cargos -para regresar, eso sí, por la votos de sus vecinos- cuando la justicia le exigió el cumplimiento efectivo de la condena.
VERíN, cara y cruz
Cid Harguindey, diez años de inhabilitación. Hubo épocas en la que Santiago Cid Harguindey, centrista y popular, exalcalde de Verín y exvicepresidente de la Diputación, era habitual en los juzgados. Aparte de casos menores por injurias leves, el primero de 1988 y el último del 2007, en 1990 llegó dos veces a la Audiencia Provincial en calidad de procesado. Era alcalde. Una sentencia de febrero lo exculpó de una acusación fiscal de desobediencia por un conflicto relacionado con el vertedero. Tan solo cuatro meses después, sin embargo, los mismos magistrados, en una sentencia de que fue ponente Jesús Cristín, lo condenaron a diez años y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con otro por haber impedido a varias personas el ejercicio de los derechos cívicos. Negó información a concejales de la oposición, sencillamente.
El corazón popular
Amador Vázquez, delegado de la Xunta. Otro exvicepresidente de la Diputación que llegó a juicio, parte fundamental del equipo de Victorino Núñez que heredó José Luis Baltar, fue Amador Vázquez Vázquez. El caso arrancó en el año 1993, se instruyó siendo alcalde de Vilamarín y delegado de la Consellería de Política Territorial en Ourense. Cuando se celebró el juicio, compartiendo banquillo con otras cinco personas, ya no representaba a la Xunta, pero se mantenía en la corporación local y en la provincial. El fiscal lo acusó de prevaricación y falsedad. La Audiencia lo absolvió, haciendo notar en la sentencia que el político «al tener noticia por la prensa de las obras que se adjudicaban (...) ordenó su paralización». Habían comenzado antes.
dIMITIR O RESISTIR
Entre Os Blancos y Montederramo. Populares los dos, el exalcalde de Os Blancos, José Antonio Rodríguez Ferreiro, renunció al puesto antes incluso de que en octubre del 2000 se presentara contra él la querella que acabó dando lugar en el 2007 a una condena que no solo lo inhabilitaba para la política, sino que lo condenaba a devolver 143.000 euros al Concello de Os Blancos y a cinco años de prisión por prevaricación, falsedad y malversación. En junio del 2009 ingresó en la cárcel de Pereiro José Antonio Rodríguez. Ya había vuelto a la vida política, entonces, el regidor de Montederramo, Antonio Rodríguez Álvarez, condenado en el 2005 por falsedad documental. Primero lo condenó la Audiencia y después el Supremo le rebajó la pena por una irregularidad en la certificación de una obra. Solo cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena en octubre del 2006 renunció al puesto de alcalde.
El nivel de exigencia es ahora mismo otro. La presión y las peticiones de dimisión se anticipan varios pasos. Situaciones como la mayoría de las anteriores resultan sorprendentes, hoy inaceptables, pero hasta hace nada popularmente consentidas, aparte de ser perfectamente legales, como lo es que un exalcalde, el popular Alberto Pardellas, haya sido inhabilitado y sea su esposa quien ocupa el mismo despacho en la consistorial de Melón.
judicial un cuarto de siglo de políticos y juzgados en ourense