La normativa es muy restrictiva sobre la grabación fija de la vía pública
01 jun 2014 . Actualizado a las 07:25 h.El Concello de A Rúa ha pedido presupuesto para instalar cámaras de seguridad en varios puntos del casco urbano para evadir a los posibles vándalos. No sería convertir la localidad valdeorresa en la ciudad de Londres (donde hay cámaras por todas partes), pero sí controlar varios puntos céntricos. Es una intención del gobierno local, cuyo máximo responsable, el popular Avelino García, reconoce que será fácil de cumplir. ¿La razón? Es necesario tener un permiso para colocar cámaras en la vía pública. Y no es fácil obtenerlo. Convertir Ourense en un Gran Hermano gigante es a día de hoy algo imposible.
¿Quién decide si se ponen cámaras en la calle?
Cuando una administración (léase un ayuntamiento, una diputación o la propia Xunta) decide poner cámaras en la calle, debe tramitar su petición ante la Subdelegación del Gobierno de la provincia correspondiente, que después se encarga de derivar el tema a la denominada comisión de vigilancia.
¿Quién integra esa comisión?
La comisión está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; y tiene como vocales al fiscal jefe superior de Galicia, a un abogado del Estado, a un alcalde designado por la Fegamp, a la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Galicia y a un representante de la Administración General de Estado (designado por el Secretario de Estado de Seguridad, y que suele ser un comisario de Policía o un guardia civil).
¿Cuándo se reúne?
No tiene una periodicidad marcada, sino que la comisión se reúne a petición del presidente, que la convoca cuando hay solicitudes que debatir.
¿Qué suele decidir?
Lo habitual (hasta en un 99 % de los casos, según apuntan desde Subdelegación del Gobierno en Ourense) reciben un no por respuesta. ¿La razón? Se opta por una política que apoya la protección de datos y la libertad individual, es decir, al derecho a no ser grabados por la calle. En estos momentos la interpretación de la norma es «totalmente restrictiva», lo que implica que de forma genérica la respuesta a la solicitud es negativa, al entenderse que es prioritaria la libertad individual y el derecho a la intimidad de las personas antes que el fin al que estaría destinadas las cámaras. de grabación.
¿Qué ocurre en el caso de los polígonos industriales?
En los polígonos la vigilancia suele depender de seguridad privada, por lo que es fácil ver cámaras enfocando las naves. Pero siempre que las cámaras vigilen únicamente las entradas de las empresas, no las calles. En las vías públicas de los parque empresariales la norma es bastante restrictiva, aunque hay algún caso. Es igual que las cámaras que puede poner cualquier persona en su casa o en su jardín, para lo que tiene total libertad, pero siempre que lo que se grabe sea dentro de la propiedad, y no la calle.
Si se recibe el permiso, ¿hay que renovarlo?
No, salvo que haya modificaciones en el dispositivo, el permiso es indefinido. Algún polígono ourensano tenía permiso para sus cámaras de vigilancia, y cuando decidió ampliar el número, la comisión no dio su visto bueno.
¿Hay excepciones?
Sí, sobre todo en lo que se refiere a casos puntuales. En la Festa do Pulpo de O Carballiño se colocan cámaras en la zona del parque, y lo mismo sucede en algunas concurridas plazas de Verín en el Entroido. El motivo está en que son citas que reúnen tal cantidad de público que mantener la seguridad solo con patrullas a pie se hace inviable. Ante esta situación, los concellos deben solicitar un permiso específico, que otorga directamente la Subdelegación del Gobierno en Ourense. En estos supuestos es fácil lograr el visto bueno ya que se considera que las cámaras son una herramienta más para las fuerzas de seguridad.
¿Hay muchas peticiones?
Las ha habido, aunque a día de hoy no hay ninguna autorización en la provincia para el uso de cámaras en la calle.
¿Qué pasa con las cámaras que hay en edificios públicos?
Edificios como la sede de la Diputación o de la Subdelegación del Gobierno en la capital tienen cámaras en su fachada. Y apuntan al exterior. Esto es, si uno pasa por la acera, junto a la puerta, será grabado. La teoría es la misma, así que el ciudadano, explican desde Subdelegación, tiene derecho a entrar al edificio y reclamar que se borre su imagen de la cinta. Este derecho debe comunicarse a los ciudadanos, y para ello se colocan placas en las fachadas de los edificios, cerca de las cámaras, aunque resulta complicado leer lo que en ellas está inscrito desde el suelo. Independientemente de que uno pida ser borrado o no, los vídeos son destruidos cada 15 días.
¿Y en cajeros, joyerías y otros establecimientos?
En estos casos sucede como en una vivienda, el propietario tiene derecho a ponerlas (en un intento por disuadir a posibles ladrones o, una vez sufrido el robo, localizar al autor). Y el que entra asume que le están grabando. Otra cosa es si, por una cuestión de falta de visibilidad en un ángulo, hay una cámara que enfoca a la calle, aunque sea un tramo corto. Entonces, de nuevo, el ciudadano puede entrar a pedir que le borren de la cinta.
análisis las cámaras de vigilancia en espacios públicos