El exalcalde de Ourense y una concejala reafirman su recusación al juez decano en un caso que les afecta

El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez y la concejala Áurea Soto han insistido en reclamar la recusación al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense y decano, Antonio Piña, en un caso que les afecta. Contra la inadmisión a trámite del incidente, decidida por la magistrada presidenta de la sección segunda de la Audiencia de Ourense, Ana del Carmen Blanco, el exregidor y la edila de Urbanismo formalizaron hoy un recurso de apelación al entender que la resolución «se ha dictado con grave extralimitación en las competencias de esa instrucción«, al entender que la decisión debería corresponder no a la magistrada que instruyó la recusación sino a un órgano colegiado. Es, dicen, «una manifiesta y flagrante infracción de las normas de competencia que no debe quedar impune».

Al margen de esta cuestión formal en cuanto a la tramitación, los dos políticos sugieren que ha sido el propio juez el autor del recurso que desestimó su recusación, pues se utilizó papel del Juzgado de Instrucción y no de la Audiencia. Destacan «la forma en que se ha comunicado el auto apelado, procedente del juzgado de instrucción número 2 (precisamente del que es titular el magistrado recusado), con la cabecera de dicho juzgado e identificación completa de las partes y sus representantes, y sin diligencia alguna que indique la autoría del mismo y el número de diligencias de recusación (no solo eso, sino que mantiene la identidad del procedimiento principal), hasta el punto que bien pudiera pensarse que el autor del auto hubiera sido el propio titular del Juzgado».

Reafirman Francisco Rodríguez y Áurea Soto su opinión sobre la relación de amistad del juez instructor con un miembro significado de Democracia Ourensana, organización que presentó la denuncia que dio lugar a un caso de prevaricación administrativa. Citan en su escrito el exalcalde y la concejala cómo Armando Ojea, la persona con quien aparecía el juez en imágenes colgadas en Facebook, ha reconocido públicamente en televisión que sus encuentros con el magistrado no se limitaron a un día, sino que se ven cuando un amigo común los llama los sábados por la tarde. Es, interpretan Rodríguez y Soto, «una relación especial, hasta el punto, insistimos, de que el juez lo llama a raíz de la recusación, suponemos que para recriminarle el haber colgado las fotos, y desde luego lo suficientemente intensa como para hablar de los hijos y las aficiones». Ese hecho, concluyen, apunta al concepto de «amistad íntima que, por afectar al denunciante y promotor de las diligencias abiertas, pone en tela de juicio la imparcialidad objetiva del instructor de la causa».

La denuncia que da origen a este conflicto se refiere a la adjudicación en el año 2008 de las obras de la calle Bedoya, con un presupuesto en torno a los 600.000 euros, por el procedimiento negociado y sin publicidad. La denuncia la presentó Democracia Ourensana, organización de la que forma parte Armando Ojea, aunque no es dirigente. El juez ha citado como imputados a todos los miembros de la junta de gobierno local que presidía Francisco Rodríguez y formaban concejales del PSOE y el BNG, a los empresarios que participaron en el procedimiento y también al asesor jurídico del Concello de Ourense.

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