El sistema del tribunal popular no despierta demasiadas simpatías
16 sep 2012 . Actualizado a las 07:25 h.Nueve ciudadanos se sentarán a partir del lunes en la sala de vistas de la Audiencia para decidir sobre la culpabilidad de Javier Cruz García, de 35 años en la muerte de su exnovia, la joven Laura Alonso, de 19. Dado que el propio acusado ya reconoció en su día que asfixió a la chica, al tribunal le queda por delante decidir si, como plantea la defensa, lo ocurrido fue un homicidio involuntario o, por el contrario y como plantean las acusaciones, se trató de un homicidio doloso o un asesinato. Será una compleja tarea para una institución, la del jurado popular, siempre polémica. Al año, en Ourense, celebran entre dos y cinco vistas de este tipo.
El Tribunal del Jurado volvió a instaurarse en España en 1995, a través de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo. Su puesta en marcha obedece a un mandato de la Constitución Española de 1978, que en su artículo 125 establece que «los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine».
Y la ley determina que el tribunal popular tiene competencia para enjuiciar delitos contra las personas, cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor, contra la libertad y la seguridad y los de incendio.
Ser español y mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, saber leer y escribir, tener domicilio en la provincia en la que se ha cometido el delito y no padecer discapacidad física o psíquica que no permita desempeñar esta función son los únicos requisitos para formar parte de un jurado popular. Eso sí, circunstancias como ser mayor de 65 años puede ser motivo de excusa aceptada.
Sin embargo, la trayectoria del jurado popular ha estado plagada durante todos estos años de controversia. La dificultad que pueda suponer para un tribunal sin formación jurídica decidir sobre cuestiones técnicas ha provocado «situaciones injustas», afirman los juristas, y veredictos muchas veces incomprensibles y a la postre anulados por un juez profesional.
Todo ello sin contar con que, para las arcas públicas, un juicio con jurado supone un coste mucho mayor que el de una vista con un magistrado profesional. Cada miembro del tribunal, hay nueve y dos suplentes, cobra 67 euros al día, además de sufragársele los gastos de desplazamiento, la comida y el alojamiento en un hotel.