El TSXG sitúa al borde del derribo parcial un edificio en avenida de Pontevedra
OURENSE CIUDAD
El exceso de construcción en la trasera del inmuebles es de 46 centímetros a un lado y 60 centímetros al otro extremo
01 ago 2012 . Actualizado a las 07:20 h.La trasera de un edificio con fachada a la avenida de Pontevedra, en el número 13, puede derribarse en la parte que en su día fue declarada ilegal por exceder el fondo previsto. Aunque el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ourense admitió a finales del pasado mes de enero un incidente de inejecución de sentencia promovido por el Concello, para evitar los inconvenientes de este derribo parcial y los costes que debería asumir la administración local, el Tribunal Superior de Galicia ha revocado aquella resolución. De este modo se reabre el conflicto y la perspectiva de que se tenga que cortar un exceso que es de 46 centímetros en un extremo y llega a 60 en el otro.
En el auto judicial ahora revocado por el TSXG ya se reconocía, de una manera explícita, que la empresa que había ganado sentencia y pleito, podía solicitar el reconocimiento de una indemnización sustitutoria.
Desde el año 1999
El conflicto que ha conducido a esta situación tiene su origen en las diferencias que arrastran desde 1999 la empresa que promovió la construcción de este edificio, Menciñeiro S.L., y la que era propietaria del edificio colindante, Bigamaro S.A. Anulada la licencia municipal por sentencia firme del Tribunal Superior de Galicia del 30 de noviembre del 2009, el conflicto se ha mantenido vivo, no solo por la pretensión municipal de evitar el derribo, sino por la intervención activa de los litigantes.
En marzo del 2011, de hecho, la empresa Bigamaro denunció a la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, por un supuesto delito de desobediencia a la Justicia que no prosperó. Igualmente, se denunciaron las obras supuestamente ilegales de apertura de huecos de ventilación en las traseras, pese a que la situación del edificio obliga a que las ventanas estén selladas y sin aireación en cumplimiento de una sentencia sobre derechos de luces.
Con esta resolución, el Concello de Ourense deberá buscar ahora una salida al conflicto.