En política se hace más real que en otras actividades de la vida. En esta disciplina, que regula la convivencia humana, demasiadas veces se visualiza aquello de que «todo es del color del cristal con que se mira». Hay mil ejemplos en lo cotidiano a nivel de España pero también los hay en esta provincia. Uno es de ayer mismo. Los medios de comunicación recogían la afirmación del ministro Blanco de que la A-76, esa autovía que unirá Ponferrada con Monforte (para disgusto de los de Trives), no se podía licitar: «Hasta que se resuelvan las alegaciones no se puede acabar el estudio informativo, no puede haber declaración de impacto ambiental y no se pueden licitar los proyectos por tramos porque eso van en contra de la ley». Y punto. Lo que no dice el ministro, ni le recuerdan los alcaldes socialistas de Valdeorras (¡no vaya a ser que se moleste y le entre una rabieta!) es que lo que es ilegal para la A-76 es legal para el AVE. En su reciente presencia en Ourense ha justificado licitar los proyectos de los tramos de Taboadela-Seixalvo-Ourense de la integración ferroviaria en la capital a pesar de que carecen de declaración de impacto ambiental y de estudio informativo. ¿En qué quedamos? ¿Es una cuestión de legalidad o de prioridad política? ¿Por qué lo que se puede hacer en Ourense es ilegal e imposible en O Barco?