Los tres cargos nacionalistas imputados en el caso de los paneles del BNG no comparten las tesis del fiscal y el juez, que ve en su proceder indicios de prevaricación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias. «No momento en que se detectou unha anomalía administrativa se realizaron todos os actos que tal dereito permite ou esixe para corrixir a devandita anomalía», asevera el letrado defensor de Sánchez Vidal, García Mata y Cortón Lamelas, en su recurso de reforma contra el «gravoso» auto de imputación.
La defensa de los cargos del BNG sostiene que la firma de convenios como el de los paneles es práctica habitual, sin hacer constar cláusulas que limiten su vigencia a la aprobación en junta de gobierno. Asegura que se eligió a Afiador porque era la oferta con mejores condiciones, al no suponer coste para las arcas municipales. Hace notar que se paralizó el asunto, por unanimidad de la junta de gobierno (incluidos los dos imputados que formaban parte de ella), al advertir la asesoría jurídica del Concello de Ourense que el expediente debía tramitarse por concurso público. Advierte, igualmente, que el visto e prace del concejal de Infraestructuras sobre el escrito de petición de permiso de obra por parte de Afiador carece de valor en el ámbito administrativo.
Otro aspecto al que alude la defensa de los imputados del BNG, dirigida por el abogado Xosé Luís Brea, es el de la reclamación que en el ámbito de lo contencioso-administrativo ha presentado Afiador, al considera que sufre un perjuicio económico. La actuación de los imputados sería la correcta, según razona, «xa que no momento en que a asesoría xurídica opina que a vía de tramitación debe ser a de concurso, retrotraen primeiramente o expediente, para, logo de oído o Consello Consultivo, anular o mesmo».
Todo ello, concluye el escrito al juez de instrucción, «choca frontalmente coa presunta conspiración de maleantes que entran de cheo nos delictos de prevaricación, suborno e tráfico de influencias, xa que o único que fixeron foi cumprimentar coa legalidade».
Los otros imputados, el funcionario Elías Domínguez y los dos socios de Afiador, Daniel Conde y José Omar Bouzo, también ha presentado recurso.