El futuro contrato de la basura de la capital responde al consabido principio de que habrá más servicios -no se sabe si mejores-, pero serán más caros. El contrato actual cuesta a las arcas municipales 6,2 millones de euros anuales y el precio de licitación del nuevo se eleva hasta los 9 millones. El gobierno municipal lo justifica en el criterio tantas veces expuesto por el alcalde y el concejal de Medio Ambiente de que si la ciudad quiere tener sus espacios libres más limpios y se produzca una recogida diaria de basura en toda la ciudad tendrá que pagar más, aún cuando Francisco Rodríguez avanzó en enero pasado que trataría de que el impacto sobre las economías ourensanas «sexa o menos posible»
Al final, el coste por habitante pasará de unos 60 euros por habitante y año a unos 80, aunque estas cantidades aún no han sido filtradas por el proceso de adjudicación en el que está inmerso el Concello.
Pliego copiado
El 4 de enero el alcalde y el concejal de Medio Ambiente presentaban el pliego con las cláusulas que regirían la concesión y prometieron que en mayo estaría resuelto, pero los plazos han caído ya. El gobierno socialista justificó su trabajo aludiendo a la complejidad de elaborar un pliego de bases tan importante, pero La Voz publicaba el día 10 de enero que estaba copiado del que se utilizó en la ciudad vasca de Vitoria.
Mientras tanto, la empresa que hoy presta el servicio, Urbaser, lleva en precario desde el año 2006 cuando de común acuerdo con el gobierno del PP renunció a un contrato que le permitiría mantener la prestación hasta el 2011. La «imposibilidad» de que la compañía asumiese su compromiso de tener la ciudad en buenas condiciones de limpieza fue el argumento expuesto por el ex alcalde, Manuel Cabezas, para justificar la ruptura.
De cara al futuro, el Concello trabaja en un nuevo contrato aunque hay flecos judiciales pendientes que podrían generar problemas. En abril del 2005 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaraba ilegal la prórroga del 2001 del contrato a la actual empresa, ampliándolo hasta el 2011. La sentencia consideraba que la operación se debería de aprobar en pleno y no en junta de gobierno como hizo el PP. Todavía no se sabe qué decisión tomará el Supremo, si estimará o desestimará el recurso presentado por el Concello en el 2005. Si lo acepta, el gobierno local podría tener sobre la mesa otro conflicto jurídico y administrativo.