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12 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.LOS CASOS de ejercicio violento de una coacción indebida a otras personas que actúan en su derecho legal ciudadano, se salen sin remedio de la Constitución española. En su artículo 13, 1, dice: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Esto es lo que explica dos casos legales de la reciente actualidad jurídica española. El primero fue el de aquel piquete sindical al que la ley cogió con las manos de la violencia en la masa y aplicó la correspondiente sentencia. El otro se acaba de plantear a propósito de la multa que ha aplicado el subdelegado del Gobierno en Ourense con la ley en la mano a los perturbadores de siempre de la cita del 20-N en Beade. Un personaje de la transición, Alberto Iniesta, dijo: «En una democracia es también democrático protestar democráticamente» (o sea, no antidemocráticamente; no, en suma, contra la Constitución). Ése es el justo porqué de la multa.