Crónica | Un abogado ourensano litiga por una sentencia que considera incorrecta
11 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?erardo Álvarez se siente acosado por la Justicia y teme las consecuencias que pueda tener para él haber utilizado la Ley y las instancias judiciales para ejercer sus derechos constitucionales. Su historia comienza con la compra de una vivienda. Diferencias con el constructor le llevaron a interponer una denuncia ante un juzgado de primera instancia de la capital. El juez Somoza le dio la razón pero la otra parte recurrió y las cosas comenzaron a complicarse para Gerardo. La Audiencia provincial aceptó el recurso, negando las pretensiones del demandante y, ante el aumento de gasto en abogados que conllevaría a este ourensano continuar recurriendo en instancias superiores, decidió pedir la habilitación -había terminado Derecho hacía cinco años- y seguir adelante defendiéndose a sí mismo. Una de las primeras cosas que hizo fue enviar un escrito de reposición a la Audiencia en la que -en términos que él mismo reconoce como duros- sugiere que la actuación de esta instancia judicial en su caso puede no haber sido la correcta. No tardó en obtener respuesta. La Audiencia levantó un expediente contra el letrado y éste pidió que se lo retirasen, pero, para su sorpresa, en mayo del 2002, se traslada el tema a la Fiscalía, que decide formular contra Gerardo un querella por calumnias. Los términos en los que el letrado se había expresado en el escrito de reposición no habían gustado y podían ser constitutivos, según la Fiscalía, de un delito de calumnias. «Antes de eso yo ya había solicitado al colegio de abogados de Ourense, al que pertenezco, que me defendiera ante la Audiencia, porque yo consideraba que se estaban perjudicando mis derechos», relata Gerardo, quien vio, decepcionado, como desde este organismo también se le abría una investigación. La filtración y posterior aparición en prensa de la noticia, días después, es, sin embargo, lo que ha llevado a este funcionario a continuar con sus reclamaciones hasta las últimas consecuencias. «La aparición en un medio local de la noticia sobre la querella contra mí por injurias fue no perjudica mi imagen, sino que además no debió suceder porque era un documento privado que la Administración debía salvaguardar», afirma. Supremo El pasado 9 de octubre interpuso una denuncia contra el Estado e el Tribunal Supremo. «La razón es que las instancias judiciales no han dado impulso a las denuncias por la filtración», dice. A estas alturas, tanto tiempo de recursos denegados, de reuniones con representantes judiciales y de situaciones tensas, no han terminado con el tesón de Gerardo, que afirma sentirse «como un quijote, sabiendo que me estoy suicidando, pero sin dejar de pensar que necesito explicaciones». Aunque dice estar temeroso por la actuación que los jueces puedan tener contra él «si quieren pueden inhabilitarme», aclara que su objetivo nunca ha sido ir contra ellos, sino ejercer sus derechos.