El gobierno local se resiste a cumplir las sentencias, todas en contra, en este conflicto laboral La administración municipal afirma que no dispone de centros de trabajo para los afectados
26 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?l conflicto que los siete ex ludotecarios del Concello de Ourense mantienen con la administración local, aquéllos en defensa de sus puestos de trabajo y el gobierno local empeñado en no volver a contratarlos, ni a darles ocupación a pesar de que las arcas municipales han de hacer frente al pago de atrasos por deudas y salarios, abre un nuevo capítulo. El equipo de gobierno que lidera Manuel Cabezas parece dispuesto a todo con tal de no readmitirlas, como (por ahora) exigen hasta cuatro sentencias judiciales, de dos juzgados de lo social de Ourense y del Tribunal Superior de Galicia. La última vuelta de tuerca en este conflicto la ha puesto la administración local al anticipar, en un escrito dirigido al Juzgado de lo Social número Dos de Ourense con fecha de este mes de septiembre, que despedirá por tercera vez a las cinco ludotecarias que, por sentencia del pasado 6 de agosto, está obligado a readmitir. Fecha y hora La pretensión del letrado de las afectadas, que reclamó la ejecución de esa última sentencia y pidió que se requiriese al Concello para que facilitase fecha, hora y dependencia para la incorporación, ha tenido como respuesta un escrito en el que formalmente se anuncia el cumplimiento de lo exigido, pero con la insólita coletilla de que, en ese mismo momento, «ya anunciamos, se procederá de nuevo a su despido». El Concello de Ourense mantiene en el mismo escrito al juzgado de lo Social número Dos, suscrito por uno de los letrados de los servicios jurídicos municipales, que la readmisión en los mismos puestos de trabajo es imposible «al estar estos amortizados y no tener la administración demanda disponibilidad sobre los centros de trabajo de las actoras (en locales de asociaciones de vecinos)». No obstante, añade el mismo escrito, «a efectos del escrito presentado de contrario, señalamos como posible fecha de incorporación el 1 de octubre de 2003 a las 12 horas en las dependencias municipales de Formación Ocupacional, sitas en calle doctor Peña Rey, s/n, momento en el cual, ya anunciamos, se procederá de nuevo a su despido por causas objetivas al no poder ser reincorporadas a sus centros de trabajo originarios». Primer despido El gobierno local prescindió de los siete ludotecarios (seis mujeres y un hombre) el 30 de junio del 2002. Convocó, al mismo tiempo, un concurso para privatizar este servicio. Tanto en dos juzgados de lo social como en el Tribunal Superior de Galicia las sentencias son contrarias al Concello y obligan a la administración a readmitir a los trabajadores. Tribunal Supremo El gobierno local presentó un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo y, con la esperanza de una intepretación favorable, ignoró las exigencias judiciales anteriores. Los juzgados de lo social obligaron al Concello de Ourense a pagar atrasos y salarios. Segundo despido En tanto no resuelve el Supremo, dos de los ludotecarios han optado por no exigir la readmisión, aunque sí han reclamado (y también cobrado, al menos parcialmente) la deuda correspondiente a los salarios. Los otros cinco, aparte de esa reclamación dineraria, plantearon también la readmisión. Una orden expresa de la jueza del caso llevó al Concello de Ourense a readmitirlas el día 10 junio, para despedirlas al día siguiente. Recurso ?ecurrió la administración local al TSXG esa segunda sentencia. Las cinco afectadas quieren, de todos modos, que se cumpla, por lo que han pedido su ejecución:readmisión y despido.