La actividad de este juzgado lo ha convertido en el que más asuntos atiende de Galicia, muy por encima del resto de los existentes en la comunidad
01 mar 2003 . Actualizado a las 06:00 h.«Las admistraciones no muestran en Ourense una actividad reprobable, rebelde, o desconocedera del Derecho más allá de lo habitual» Lleva Pedro Escribano Testault cuatro meses como titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Es su primer destino en la carrera judicial, a la que llega después de siete años, entre 1995 y 2002, como letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo. -Que este juzgado tenga el volumen de trabajo más alto de Galicia, ¿significa que los ourensanos somos especialmente litigantes o que la administración lo hace muy mal? -Ni una cosa ni otra. Las administraciones públicas de esta provincia no muestran una actividad especialmemte reprobable, desconocedora del Derecho, o rebelde al cumplimiento de las normas más allá de lo habitual en la generalidad de la administración pública española. Ni veo especial disposición a pleitear. Quiero pensar, más bien, que los ciudadanos de Ourense confían en este juzgado y por eso acuden a él. -De todos modos, ser los primeros de Galicia y con diferencia sobre las otras capitales, algo dirá, ¿no? -Me consta que en Madrid muchas veces sorprendía el volumen de pleitos que se generaban en Ourense. Pero nada más. No veo más, salvo, eso sí, la necesidad de un segundo juzgado de lo contencioso. -¿Es correcto el papel que el ciudadano atribuye a este juzgado, de amparo frente a los excesos de la administración? -En general, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es que vaya contra la administración, ni haya una predisposición en contra. Ahora bien, no es menos cierto que las administraciones se apartan algunas veces de la ley que las rige y para eso estamos, para atender al ciudadano si éste cree que no se ha respetado la legalidad. -Pero aunque den la razón al ciudadano, la administración recurre todas las resoluciones que le son contrarias. ¿Por qué ocurre eso? -Es un problema estructural. Los servicios jurídicos de las administraciones tienen una norma, a veces no escrita, pero otras veces sí, que prácticamente los obliga a recurrir todo lo que pierden. Y si quieren dejar de hacerlo, casi se ven obligados a pedir permiso. Es, realmente, una situación que debería corregirse. Parece como si las administraciones desconfiaran de sus servicios jurídicos: deberían darles un margen de confianza para que los profesionales decidiesen. Hay asuntos que son polémicos y la opinión de un juzgado es discutible, o corregible, pero en otros es de todo punto evidente la falta de razón de la administración. -Pero insisten... -Igual que los jueces tenemos que ser humildes cuando nos equivocamos, (y nos equivocamos), también la administración debería serlo y aceptar sus propios errores. No tiene mucho sentido recurrir por el mero hecho de dilatar un procedimiento. Pero, claro, quién pone el cascabel al gato. A lo mejor, para nosotros está muy claro un asunto, pero el litigante, que ha perdido, sigue empeñado en que la razón está de su lado. -Tanto papel atasca la maquinaria judicial... -Quien pierde un pleito tiene todo el derecho a recurrir. Otra cosa es el recurso temerario, sólo para dilatar el cumplimiento de la sentencia. Que lo haga un particular, que litiga por lo suyo, se puede entender, pero si es la administración, obligada a velar por los intereses generales,... la justificación se vuelve mucho más endeble. Si una sentencia deja bien sentado un asunto, por una fortuna de redacción, o por no tener dudas, insistir y marear la perdiz hace que el Derecho se aplique mal.