Benposta ha mantenido siempre que la compraventa de una parte de sus terrenos, pese a que así fue formalizada ante notario en junio de 1985, no era realmente una venta, sino la fórmula que entonces había elegido el gobierno gallego (durante el mandato del socialista González Laxe, en la etapa del tripartito), para conceder a la Ciudad de los Muchachos una subvención que permitiera superar la crisis económica que entonces amenazaba su fututo. A la hora de enfrentarse a este procedimiento, sin embargo, Benposta deja claro que no es momento de analizar los verdaderos motivos que encierra el contrato, dándolo por bueno, aunque su sentido fuese otro, como el entonces vicepresidente de la Xunta, Xosé Luís Barreiro, dejó claro en su declaración judicial en el procedimiento del llamado artículo 41 de la Ley Hipotecaria. Valor económico Que el valor de la finca vendida, en 1985 y en la actualidad, es superior a los 82 millones de pesetas fijados en el contrato de compraventa, es algo que parece fuera de duda, pero Benposta, sólo a efectos procesales, fija la cuantía del procedimiento en esa cantidad. De la literalidad de la compraventa, argumenta ahora la Ciudad de los Muchachos, se infiere que una de las partes se comprometía a pagar una cantidad en efectivo y parte en otra cosa: el derecho a viviendas de protección oficial. Y eso exigen. Prueba pericial La demanda de Jesús Silva propone también la designación de un perito o arquitecto técnico para que determine todas las servidumbres existentes en la finca vendida; la superficie total, excluida la ocupada por las tres casas; la superficie de terreno libre de cualquier afección y cuántos edificios podrán construirse en el terreno no afectado de acuerdo con el plan de urbanismo vigente. El contrato de compraventa cuyo cumplimiento exige ahora Benposta cifra en 63.500 metros cuadrados la superficie adquirida por la Xunta.