La empresa estudia recurrir la paralización dictada por Industria al considerarla contradictoria Los trabajadores de la pizarrera vilamartinesa Cavima han tenido que trasladarse a la localidad de Casaio. Desde hace una semana ya no están en la nave que la empresa tiene en San Vicente (Vilamartín). El alto coste del traslado de la pizarra desde Casaio a San Vicente ha propiciado el cambio. Mientras tanto los directivos de Cavima estudian presentar un nuevo recurso a la contestación dada desde Industria que no les permite abrir la explotación de San Vicente sin antes presentar varios informes.
21 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Los cuarenta y cinco empleados de la empresa Cavima han tenido que trasladar más de cuarenta kilómetros su puesto de trabajo por el alto coste que suponía el traslado de la pizarra desde la localidad de Casaio a la de San Vicente. Industria ordenó la paralización de extracción de pizarra en la localidad vilamartinesa en el mes de octubre. Alegó falta de seguridad para los trabajadores. La empresa presentó recurso y no recibió contestación hasta la semana pasada. Pero la resolución dada por Industria tiene condiciones. Les concede un levantamiento provisional de la orden de paralización pero tienen que presentar en el plazo de un mes dos informes. Uno será un proyecto sobre la estabilización de las laderas de la cantera, un tema relacionado con el derrumbe de la carretera que conduce al pueblo de San Vicente, y otro es un plan integral de seguridad para los empleados. Mientras elaboran los informes no pueden trabajar en la cantera. Después tendrán que esperar a que Industria los apruebe. La empresa aún no ha decidido si realizará estos informes, que han calificado como muy costosos, o si por el contrario presentará recurso a la resolución. Consideran contradictorio que se levante una suspensión provisional de actividad condicionándola a la presentación de los dos proyectos. Además está en estudio ver el tipo de recurso a presentar, ya que pueden interponer uno de reposición y también un contencioso-administrativo. Cavima estudiará cuál de las dos opciones es más asumible. Mientras tanto, aseguran que los puestos de trabajo están garantizados en Casaio.