El anuncio, el pasado viernes, del «acuerdo del siglo» entre Donald Trump y la dictadora venezolana Delcy Rodríguez para controlar el 21,5 % de las reservas de petróleo probadas del país (65.000 millones de barriles) supone un golpe para la credibilidad del proceso democratizador y, sobre todo, un lastre para el futuro.
A nadie le puede extrañar que Donald Trump priorice este punto sobre otros, como es habitual en política internacional. No obstante, el timing sí es especialmente perverso: firma el acuerdo con un Gobierno de facto que vulnera su propia Constitución. No es baladí recordar que Delcy Rodríguez se juramentó el 5 de enero por un período de 90 días que podía prorrogarse, como máximo, otros 90, así que no cabe interpretación posible: desde principios de julio no existe ningún tipo de legitimidad que no sea el control del ejército, la policía y los servicios secretos, todo con la bendición de la Administración estadounidense. Este siniestro win-win, pues, supone petróleo para Estados Unidos durante veinticinco años e impunidad y algo más de tiempo para Delcy Rodríguez en el gobierno.
Venezuela, obviamente, necesita cuantiosas inversiones extranjeras, a largo plazo y con seguridad jurídica, para garantizar un futuro para su maltrecha economía. Algunas regiones están meses sin agua potable, los apagones son una constante, la inflación se ha disparado y la capacidad de funcionamiento de la industria petrolera venezolana está bajo mínimos después de más de un cuarto de siglo de falta de mantenimiento y corrupción. Mientras, miles de personas siguen a la intemperie después de los terremotos del pasado 24 de junio. Lo que se discute es el cómo. En Venezuela sigue habiendo 326 presos políticos, María Corina Machado no puede regresar al país y, pese al espejismo del aumento de las exportaciones petroleras, las empresas siguen padeciendo una gran incertidumbre. El acuerdo, objetivamente, es un trágala que la futura Administración democrática venezolana tendrá que asumir.
Y aquí conviene remarcar un elemento: el tutelaje estadounidense es responsable de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no puedan regresar a Venezuela. Esta anomalía no es inocente y se está aprovechando en beneficio exclusivo de la Administración Trump. La pregunta es ¿a qué precio?, y parece que ahora tenemos la respuesta.
En los últimos días, los partidos políticos democráticos han optado, bien por el silencio, bien por tímidas críticas ante este acuerdo, sabedores de lo que implica. Su margen de influencia real, pese a que ya celebran mítines por todo el país, es muy reducido y solo las negociaciones entre la Asamblea Nacional del 2015 y la Asamblea chavista, supervisadas por Marco Rubio, cuentan con fuerza para hacer cumplir los acuerdos.
Parece, aunque todavía no hay cronograma electoral, que se va a un escenario de elecciones presidenciales a finales del 2027. Por desgracia, si lo firmado se corresponde a lo anunciado, Venezuela volverá a la democracia hipotecada.