Adamuz, lejos de ser «tremendamente extraño»
OPINIÓN
La tragedia de Adamuz no es un hecho aislado, ni una desgracia imprevisible. Es simplemente la consecuencia directa de un Estado que, tras la tragedia de Angrois, decidió mirar hacia otro lado, sellando el conocido «pacto de la curva» entre PSOE y PP.
Desde que ocurrió la tragedia de Angrois, gracias a nuestra lucha y denuncias, y al acompañamiento de la eurodiputada Ana Miranda, la UE abrió dos procedimientos de infracción contra España por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria e inició una auditoría a Renfe y al ADIF, cuyo contenido —pese a las trabas del Gobierno— conseguimos en noviembre del 2024.
La auditoría venía acompañada por una carta en la que la comisaria europea de Transportes expresaba su preocupación al Gobierno por una serie de «deficiencias» en todo el sistema ferroviario. ADIF y Renfe tenían «sistemas de gestión de la seguridad» que existían «sobre el papel», pero que «el personal no entiende en qué consisten y no los aplica correctamente». No había «ningún nexo entre la evaluación de riesgos y la vigilancia» y, según la comisaria, «sin esa vigilancia es imposible saber si el riesgo está bajo control».
Recientemente hemos conocido la absolución del cargo de ADIF que desconectó el sistema de seguridad de Angrois porque generaba retrasos, y certificó que la línea era segura sin realizar el análisis de riesgos preceptivo, tal y como señalan los hechos probados. Esta absolución consolida una idea terrible: las decisiones técnicas y políticas con impacto en los riesgos ferroviarios no tienen consecuencias, ni penales ni políticas. En ello, PP y PSOE comparten responsabilidad.
El Estado puso en marcha toda su maquinaria —Abogacía del Estado, Fiscalía, Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Xunta imponiendo peritos, Consejo General del Poder Judicial, etcétera— para eximirse de responsabilidad, tratando desde el primer minuto de cargar toda la culpa sobre el último eslabón de la cadena.
Ambos gobiernos dieron priorizaron la imagen internacional del AVE y la llamada Marca España frente a la seguridad y vida de los pasajeros. Hoy ya no es una sospecha: es una confesión pública recientemente realizada por el exministro Ábalos.
En Angrois se ignoraron avisos de peligro, se rebajó la seguridad modificando el proyecto, no había señalización, ni baliza, ni análisis de riesgos, ni se realizó una investigación independiente como exige Europa.
No es «tremendamente extraño», señor ministro. Se pudo elegir entre culpar o aprender, porque ambas son incompatibles. Eligieron culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión. La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias.
España ostenta, con diferencia, el récord mundial de tragedias y fallecidos en alta velocidad. Deberíamos aprender de Japón, donde, desde que comenzó a operar en 1964, no se ha registrado ni una sola muerte ni lesión grave de pasajeros en accidentes de alta velocidad.