El terrible accidente de Adamuz, y el que lo siguió dos días después en Gelida (Barcelona), centran todas las conversaciones, todas las especulaciones y todas las noticias. No podría ser de otra manera. «La semana negra del ferrocarril en España», titulaba ayer este periódico. Y nadie podría considerar ese titular exagerado: 46 fallecidos y docenas de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, marcarían la actualidad en cualquier país civilizado. Solo donde las catástrofes y las calamidades constituyen, por desgracia, el pan de cada día, las unas y las otras pasan de largo como si nada hubiera sucedido.
Los accidentes de Adamuz y Gelida centran también el debate público en España. Tampoco podría ser de otra manera. Salvo, claro, que aceptemos conformarnos con la idea de que dos trágicos siniestros, ocurridos con pocas horas de diferencia, son exclusivamente mala suerte, frente a la que solo cabe confiar en que aquella no vuelva a repetirse.
Saber qué ha sucedido en Adamuz, y cómo puede haberse producido el derrumbe que ha provocado el accidente en Gelida, es una apremiante necesidad. Y más en un país en el que los incidentes ferroviarios son constantes desde hace varios años y en el que millones de personas se mueven diariamente en diferentes tipos de tren. De hecho, es legítimo preguntarse si una cosa no estará directamente relacionada con la otra. Es decir, si el aumento espectacular del tráfico ferroviario que se ha derivado de la liberalización del sector está sometiendo a las infraestructuras que sostienen ese tráfico a un estrés de desgaste que no pueden soportar sin mayores inversiones en mejora y en mantenimiento.
Cualquiera en su sano juicio, visto lo visto, se plantearía honestamente la cuestión. Y cualquiera entendería que tal preocupación se haya disparado tras lo que en España viene sucediendo últimamente. La primera, la de los maquinistas, que han convocado una huelga para exigir más seguridad en su trabajo.
¿Sería lógico, en este panorama, que los únicos que se situaran al margen de una conversación que lo ocupa todo fueran los partidos? Eso pretende ahora, al parecer, quien tiene la responsabilidad política de administrar los transportes en España: imponer el silencio a los partidos, bajo la acusación de querer politizar los accidentes, y que sean los representantes de los ciudadanos los únicos que no intervengan en el debate que lleva meses abierto y que dos graves accidentes ferroviarios han puesto en primer plano —con toda lógica—. Los mismos representantes que tienen la obligación, en democracia, de controlar al Gobierno y a las administraciones.
Frente a tal estrategia —que constituye la tentación de todos los gobiernos— debe señalarse que si es, sin duda, inicua la pretensión de aprovechar una tragedia para obtener espurios réditos políticos, lo es también la de huir como de la lumbre de averiguar sus verdaderas causas para no pagar, como es debido en democracia, las responsabilidades que pudieran ser del caso.