Adamuz: cuando las lecciones se ignoran, las tragedias se repiten
OPINIÓN
El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha reabierto un debate que nunca llegó a cerrarse del todo: el de la seguridad real de la alta velocidad y la manera en que el Estado responde cuando ese sistema falla. Porque, aunque durante años se haya presentado el AVE como sinónimo de fiabilidad absoluta, la alta velocidad española ya conoció antes la tragedia. Andalucía no es el primer accidente con víctimas mortales. Antes estuvo Angrois.
En el 2013, un tren de alta velocidad descarriló a las puertas de Santiago de Compostela, causando 80 muertos. La investigación oficial, realizada por el mismo organismo que hoy analiza el accidente andaluz —la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)— concluyó que el exceso de velocidad del maquinista era la causa principal. Esa conclusión cerró durante años la puerta a un análisis profundo de las decisiones técnicas y políticas previas: el diseño de la línea, la desconexión de sistemas de seguridad o la cadena de responsabilidades dentro de Adif y Renfe. Más de una década después, el accidente de Andalucía obliga a preguntarse si algo ha cambiado realmente.
La primera gran lección de Angrois fue la necesidad de una investigación verdaderamente independiente. Sin embargo, España sigue confiando la investigación técnica de los accidentes ferroviarios a un organismo cuya vinculación con el Ministerio de Transportes y con las empresas públicas del sector ha sido reiteradamente cuestionada. No se trata de poner en duda la profesionalidad de los técnicos, sino de entender que sin independencia estructural no puede haber plena credibilidad. La confianza de las víctimas y de la sociedad exige organismos libres de cualquier conflicto de interés.
La segunda lección tiene que ver con el papel de la prensa y con el relato público. En Angrois, gran parte del foco mediático se centró en el maquinista, simplificando el accidente hasta reducirlo a un error humano individual y relegando a un segundo plano el análisis del sistema. Esa narrativa, cómoda para las instituciones, bloqueó durante años un debate serio sobre cómo se toman las decisiones en la alta velocidad y quién asume responsabilidades cuando esas decisiones fallan. Hoy, los medios tienen la responsabilidad de no repetir ese patrón.
La tercera lección, quizá la más dolorosa, afecta al ámbito judicial, que antes o después tendrá también su papel en el caso andaluz. El proceso judicial de Angrois dejó una sensación persistente de desequilibrio entre las víctimas y unas defensas institucionales orientadas prioritariamente a proteger las empresas públicas implicadas. En un Estado social y democrático de derecho, la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían actuar como garantes del interés general, no como escudos corporativos.
La memoria de Angrois debería servir hoy como advertencia clara: cuando las lecciones se ignoran, las tragedias se repiten. Y entonces las vías no solo arrastran trenes descarrilados, sino también la desconfianza de una sociedad que exige explicaciones, responsabilidades y justicia.