La detención, secuestro o como se le quiera llamar, de Nicolás Maduro supone sin duda posible una transgresión del derecho internacional que se basa, me parece, en el respeto a la soberanía de las naciones. Trump se saltó este principio y otros que van aparejados y demostró que el Derecho, en nuestros días, depende más de la fuerza que de la razón y del sentido de la justicia. No solo porque ni Donald Trump ni los Estados Unidos tendrán que responder por su comportamiento, sino porque tampoco el Derecho sirvió antes para castigar al primer ladrón de la soberanía popular de Venezuela: Nicolás Maduro.
Se podría argumentar incluso lo contrario: el derecho internacional de nuestros días se utiliza más bien para proteger y blindar a usurpadores, dictadores disimulados o explícitos, mandatarios brutales que encarcelan a su gusto, torturan, matan o exilian a millones de compatriotas, mientras se enriquecen a costa de la pobreza de sus gentes. Nada se pudo hacer desde el derecho para recuperar las elecciones robadas por Maduro. Ni para vaciar de presos políticos las cárceles de Cuba, China, Corea del Norte o Irán. Así que... o el derecho actual es inútil y admitimos que necesita reforma o nos parece bien que Venezuela llevara 27 años secuestrada por una panda de gorilones semianalfabetos.
Sin ser un experto, pienso que, mientras el derecho internacional se vea incapaz de defender a los pueblos frente a quienes los oprimen, quedará reducido a un mero decorado retórico sin autoridad moral. O se reforma para proteger a las víctimas y no a los verdugos, o seguirá legitimando un orden en el que manda el más fuerte. No cabrá escandalizarse entonces si la fuerza bruta sustituye a la ley.