El fin de las protecciones covid en el alquiler
OPINIÓN
A finales de este mes expiran dos medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia: la limitación extraordinaria a las subidas del alquiler y la moratoria de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Su final coincide con mercados altamente tensionados y con una oferta muy limitada, lo que convierte esta transición en un punto crítico para miles de familias.
Durante los últimos años, muchos contratos se han actualizado con restricciones legales que contenían las subidas, a menudo muy por debajo de la evolución real del mercado. Cuando estas limitaciones desaparezcan, muchos contratos se revisarán de golpe y podrán experimentar incrementos significativos, especialmente en grandes ciudades. Para hogares jóvenes, con rentas bajas o con ingresos inestables, una subida repentina puede implicar la imposibilidad de renovar y, en algunos casos, un desplazamiento forzoso hacia zonas más periféricas o con peor acceso al empleo.
A esta situación se suma el fin de la moratoria de desahucios para determinados perfiles vulnerables. Su objetivo era evitar situaciones de emergencia social en plena pandemia y garantizar tiempo para procesos de mediación o acceso a ayudas. Con su retirada, aquellos hogares que continúan en situación de fragilidad económica pueden verse expuestos a procedimientos que habían quedado en suspenso. Aunque la protección nunca fue universal, sí funcionó como red de seguridad en muchos casos.
¿Qué cabe esperar ahora? En primer lugar, un incremento de tensiones en los juzgados y en los servicios sociales municipales, que ya anticipan un aumento de solicitudes de acompañamiento. En segundo lugar, un riesgo de desplazamiento residencial acelerado en barrios donde los alquileres han crecido con fuerza. Y, en tercer lugar, una presión política para aprobar medidas transitorias que eviten un shock inmediato.
La congelación temporal de las rentas, como propone una parte del arco parlamentario, puede actuar como parche siempre que sea limitada en el tiempo y geográficamente acotada. Sin embargo, prolongarla más allá de lo estrictamente necesario puede reducir aún más la ya escasa oferta de alquiler.
El verdadero problema sigue siendo estructural: más de quince años de infraoferta acumulada. Mientras la población siga creciendo, sin un aumento significativo del parque de vivienda accesible y sin políticas que faciliten la construcción y la movilidad, cualquier medida temporal será un parche. La transición que comienza ahora exige prudencia, datos y planificación para evitar que la salida de las medidas extraordinarias de la pandemia se convierta en una emergencia habitacional silenciosa.