Cuando las instituciones funcionan: el sentido de la condena al fiscal general
OPINIÓN
El Tribunal Supremo ha adelantado el fallo de la sentencia dictada en la causa contra el fiscal general del Estado. Era previsible que un anuncio así despertara una enorme expectación mediática. No es habitual que el máximo responsable de la fiscalía se vea en una situación semejante, y la reacción pública —sorpresa, debate, incluso desconcierto— es comprensible. Pero, incluso con esa expectación, conviene recordar algo esencial: solo conocemos el fallo, no la sentencia íntegra. Y, aún así, lo que ya sabemos es suficiente para empezar a ordenar ideas y separar ese ruido de fondo de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones. Lo ocurrido no es una señal de deterioro institucional. De hecho, demuestra exactamente, lo contrario. La condena evidencia que el Estado de derecho funciona y que la responsabilidad alcanza también a quienes ocupan los puestos más altos.
En primer lugar, el Tribunal Supremo ha seguido el procedimiento legalmente establecido y ha actuado con plenas garantías. La sentencia dictada es firme, y por tanto, plenamente ejecutiva. Ahora será el Tribunal Constitucional, si el fiscal general presenta recurso de amparo, quien decida si suspende o no su ejecución, y a petición del propio interesado.
También se ha puesto el foco en la existencia de votos particulares. Y aquí conviene ser muy claros, los votos particulares son parte del normal funcionamiento de cualquier órgano colegiado. Reflejan distintas interpretaciones jurídicas, no bloques ideológicos, y no restan legitimidad al fallo adoptado por la mayoría del tribunal. Convertir una discrepancia jurídica en un argumento político es una irresponsabilidad y desconocer cómo funciona la Justicia.
Hay otro plano que no debe perderse de vista, el impacto y el perjuicio que provoca en la fiscalía, como institución, es innegable. Resulta gravísimo que quien encabeza esta institución haya sido condenado por un delito, que conlleva su inhabilitación, y en el ejercicio de su cargo. Afecta seriamente a la credibilidad de la fiscalía y obliga a reaccionar con claridad. Pero una cosa es la responsabilidad individual de una persona y otra muy distinta poner bajo sospecha a toda la institución.
Es importante subrayar algo que puede quedar eclipsado por el debate público. Cientos de fiscales trabajan cada día con rigor, discreción y absoluta profesionalidad. Nada de lo ocurrido puede servir para socavar su labor.
Y junto a todo lo anterior reaparece, una vez más, como era de esperar, el concepto de lawfare. En los últimos años, este término se ha usado para desacreditar resoluciones judiciales que no gustan a determinados sectores. Pero acusar a los jueces de actuar movidos por ideologías sin aportar una sola prueba es un ataque directo a la independencia judicial y al propio Estado de derecho. Además, es un ataque peligroso; si se instala la idea de que los jueces deciden por afinidades políticas. Y sin esa confianza, se tambalea una de las bases de nuestra democracia. Este caso desmiente de forma rotunda la narrativa del lawfare. Un tribunal independiente, como es el Supremo, ha condenado al máximo responsable de la fiscalía, nombrado por el Gobierno. Si existiera control político sobre la justicia, este episodio sencillamente no habría ocurrido. El hecho de que se haya producido demuestra lo contrario, que los jueces resuelven conforme a derecho, sin atender a afinidades políticas ni a otro tipo de presiones externas.
El desafío que se abre ahora no es solo jurídico. También es institucional. La fiscalía necesita recuperar credibilidad, reforzar su autonomía real y situarse de nuevo en el lugar que le corresponde como garante en la protección de los derechos de los ciudadanos. Para eso hará falta transparencia, responsabilidad y una elección solvente de quien deba dirigirla a partir de ahora. La condena al fiscal general del Estado es un hecho grave, sí. Pero también es la confirmación de que nuestras instituciones funcionan con normalidad. La Justicia ha actuado con independencia, ha aplicado la ley sin excepciones y ha enviado un mensaje claro: en una democracia, la ley y la responsabilidad alcanzan a todos, incluso a quienes ocupan los cargos más altos. Que esto ocurra sin estridencias, sin sobresaltos y sin fracturas institucionales es, precisamente, el mejor indicador de una democracia madura que un país puede dar.