La debacle que ha vivido parte de España, y muy especialmente Galicia, durante el mes de agosto, es imposible que deje indiferente a ningún ciudadano. Ha sido un castigo desproporcionado para nuestro medio ambiente —que es lo mismo que decir para nuestro futuro— y ha causado, además, daños ya irreparables a comunidades y personas. Y con todo eso, ha dejado en la sociedad la sensación de que hay que acostumbrarse al desastre inevitable, porque volverá en el futuro.
Hace falta, en primer lugar, sobreponerse a esa mentalidad. Como dijo recientemente un experto ingeniero forestal, «nuestros montes no dan wifi, pero producen agua y aire limpio». Nada hay más importante para asegurar la vida. Se ha perdido casi al completo en las más de 143.000 hectáreas que devoró el fuego; más, incluso, que las 95.000 que se perdieron en el fatídico verano del 2006, que había sido el peor de este siglo.
Tampoco se puede decir que no se hace nada para luchar contra la plaga, porque no es verdad. Una parte notable de nuestros impuestos sufraga el plan de defensa contra los incendios, con 7.000 personas contratadas, 30 medios aéreos y 380 motobombas y vehículos pesados. Solo en prevención se emplean este año 50 millones de euros, y todo el presupuesto llega a los 200, solo superado por Cataluña y Andalucía.
Entonces, ¿qué está fallando?
En primer lugar, el difícil control del territorio. Cualquiera que haya trabajado (o solo paseado) el monte, sabe que es imposible mantenerlo limpio como si fuese un jardín urbano. Pero es cierto que la despoblación y la falta de uso ganadero o comercial, además de una notoria pérdida de un recurso esencial de Galicia, hace aumentar el riesgo de incendio, que es crítico cuando se dan los tres 30: 30 grados de temperatura; 30% o menos de humedad, vientos de 30 kilómetros por hora o más.
Esas condiciones son las idóneas para que salgan al monte los incendiarios, tan difíciles de perseguir, y cuando se les encuentra resulta imposible que puedan hacer frente a la factura. Las penas van de 10 a 20 años si hay riesgo para las personas, y de 1 a 5 en los demás casos. Pero, como señaló en estas páginas el ex fiscal superior de Galicia, en muchos casos se trata de personas con problemas mentales, que después no se controlan, ni se siguen ni se someten a reeducación.
Y a continuación está el tercer inconveniente: el de la política. Quizá el más descorazonador. Los ciudadanos ya sabemos de antemano que las palabras consenso y acuerdo han desaparecido del lenguaje de las fuerzas rivales, y no se alcanza ni siquiera en temas tan graves como este. Claro que hay que tomarse en serio la lucha contra el cambio climático, porque es real, como ya se ve en Ourense, con su clima mediterráneo. Pero no debe servir de argumento de enfrentamiento, como sucedió en agosto, al igual que la discusión sobre la movilización del Ejército (muchas gracias a la UME), o la disputa sobre los medios disponibles. Esas discusiones hacen a unos y a otros incompetentes. Y, aunque ellos no terminen de creerlo, la ciudadanía lo sabe.
Este martes van a reunirse en el Parlamento gallego para hablar de esta destrucción, pero es muy posible que sigan despreciando el consenso e intentando sacar beneficio electoral del mal de todos. Por si los políticos quieren sumarse a las preocupaciones de la gente, cinco ideas:
1.- Atender a los que han perdido sus casas y sus trabajos, indemnizar bien lo que ha destruido el fuego, y ser la comunidad que más paga y más rápido lo hace.
2.- Ponerse ya a recuperar las zonas quemadas.
3.- Que cada concello tenga al día su mapa de riesgos, sus medidas preventivas y su protocolo de actuación.
4.- Un Estado que no se habla con las comunidades autónomas no tiene sentido. Autoexigirse entre Administraciones máxima colaboración, reconocimiento y respeto.
5.- Apoyo a las actividades ganaderas, agrarias y forestales. Porque cuando el monte es rentable, no arde o arde menos.
Y para darse cuenta de la importancia del problema, basta con que cada cual se imagine su casa ardiendo. Ojalá las de este verano hayan sido las últimas.