No sé si los lectores saben que la mayor parte del espárrago blanco en conserva que se comercializa en España proviene de fuera de nuestro país, debido al importante ahorro en mano de obra y en costes de producción que supone su importación. Si nos fijamos en el vial del supermercado, los espárragos pueden proceder de Perú o de China y estar envasados en España, es algo habitual, pero esto debe figurar con claridad en el envase.
De manera más coloquial, cuando preguntamos en la frutería si hay tomate gallego o si tienen fabas de Lourenzá, algo que debe figurar en el etiquetado, estamos apelando cotidianamente a esa trazabilidad del producto; eso no es otra cosa que obtener aquellos datos que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros.
Resumiendo, nos encanta saber de dónde viene lo que compramos o consumimos, si la ternera es de Os Ancares, y presumimos de que no hay cerezas tan ricas como las de El Bierzo. Cuando alguien nos pregunta «¿queréis probar un aguardiente casero que prepara un amigo en Ribadavia?» nos suena a música celestial, porque la trazabilidad es total.
No deja de sorprenderme que una parte de los políticos, en general los de derecha y ultraderecha, estén en contra de la trazabilidad en la información; es decir, de publicar quién financia los medios de comunicación, con que fondos y quiénes son sus propietarios. Es lo normal, a todos nos gustaba saber que Pravda era financiado por el Partido Comunista de la URSS.
Resulta bastante raro que quieras conocer de dónde proceden los espárragos o las cerezas que tienes en casa y que te parezca antidemocrático saber quién financia las noticias que lees cada mañana. Si enciendo la radio, por poner un ejemplo, y suena Radio María, simplemente relativizo lo que estoy oyendo porque conozco quién está detrás. Eso es bueno.
Cuestión bien diferente es plantear que las modificaciones legislativas necesarias para conocer la financiación de los medios, la transparencia en la publicidad institucional, etcétera, se hagan con el mayor consenso posible; pero es una vergüenza negarse a hablar de ello cuando las mismas normas han sido votadas a favor por el Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Como ya han señalado los medios, el grueso de las propuestas presentadas por el presidente ya están recogidas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que la Unión Europea aprobó el pasado mes de marzo. Medidas, por otro lado, que serán de obligado cumplimiento para España a partir del 8 de agosto del 2025.
En Galicia siempre hemos valorado la trazabilidad de la información, sobre todo en los pequeños pueblos: «María, din que Carmiña, a filla do muiñeiro, está embarazada. ¿E quen o di? Pois Manoliño o da panadería. Nin caso, por esa boca nunca saíu unha verdade». Por fortuna, si fuera verdad lo veríamos antes de agosto del próximo año.