Un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos designados a propuesta del Partido Popular, ha reclamado la celebración de un pleno en el que pretenden una «declaración institucional» sobre una posible proposición de ley que regulará la amnistía por los sucesos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre del 2017. En su solicitud de convocatoria de pleno, sostienen que la eventual aprobación de una amnistía supondrá una «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de derecho en España».
Con independencia de lo que cada cual opine sobre la posibilidad de que se amnistíen los sucesos acontecidos en Cataluña, la preocupación que revela esta solicitud resulta llamativa en quienes llevan en situación de interinidad casi cinco años, manteniendo en funciones un órgano de la máxima relevancia constitucional, el órgano de gobierno del poder judicial, que tiene un claro mandato en el artículo 122.3 de la Constitución para actuar «por un período de cinco años». Este mes cumplirán diez.
No sabemos qué sucederá con la tramitación de una proposición de ley de amnistía, pero sí conocemos que durante casi cinco años se ha incumplido de forma continuada la Constitución, afectando gravemente a nuestro Estado de derecho. Ha habido quien tuvo la dignidad de dimitir, constatando que se carece de legitimidad democrática y constitucional para mantenerse en una de las más altas instancias del Estado. Pero esa preocupación no motiva ninguna reacción en quienes ahora reclaman la celebración de un pleno para analizar una posible proposición de ley cuyo texto no consta. A sabiendas, además, de que el CGPJ carece de competencia para evacuar informe en los casos en que las iniciativas legislativas son de los grupos parlamentarios, como previene el artículo 561 de la Ley Orgánica del poder judicial.
Cuanto se ha expuesto no es lo más grave de estos acontecimientos. Lo terrible es que se está convirtiendo al CGPJ, indebidamente, en un actor más de la lucha partidista. El órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, el judicial, se enfrasca en plena contienda política, transmitiendo la imagen de que toma partido por alguna de las legítimas opiniones que se enfrentan en el debate público. En lugar de procurar, con prudencia y mesura, representar a un poder del Estado y a una judicatura independiente, neutral en lo político, ajena al trajín partidista, sus iniciativas suponen lo contrario.
Eso es lo que hay que reprochar, y con lo que hay que acabar. El poder judicial en España es independiente, imparcial y ecuánime. Obra rectamente y no se somete a designios políticos ni partidistas. Aplica el ordenamiento jurídico y, si acaso se le representan dudas de constitucionalidad, las plantea, sin alharacas y con argumentos técnicos, a quien tiene que resolverlas, el Tribunal Constitucional. Es inaceptable empañar la imagen de la judicatura, actuando como caja de resonancia de argumentos partidarios. La misión constitucional que el CGPJ tiene encomendada obliga justo a lo contrario.