Caso Puigdemont, un paso más cerca

Gumersindo Guinarte Cabada PROFESOR DE DERECHO PENAL DE LA USC

OPINIÓN

MABEL RODRÍGUEZ

07 jul 2023 . Actualizado a las 08:23 h.

Cerrando el penúltimo capítulo del caso Puigdemont, y también de las consecuencias jurídico-penales del procés, el Tribunal de Garantías de la Unión Europea (TGUE) ha dado un claro revés al expresident (y a sus exconsejeros Comín y Ponsatí) al denegar, en todos sus puntos, las pretensiones del recurso por ellos presentado en contra del Acuerdo del Parlamento Europeo de mayo del 2021 por el que la cámara europea levantaba su inmunidad en cuanto que diputados europeos.

 La inmunidad parlamentaria es un privilegio por el cual un diputado no puede ser objeto de persecución judicial en tanto la cámara legislativa a la que pertenece no autorice las pretendidas actuaciones judiciales, no levante esa inmunidad. La pervivencia de esta institución es hoy discutida, pero se mantiene en numerosas constituciones y ordenamientos jurídicos de países democráticos, y también en el ámbito europeo.

La situación de los políticos catalanes no era nada clara ya antes de esta sentencia: el Parlamento Europeo les dio posesión solo «provisional» de sus escaños, pues la Junta Electoral Central española no había certificado su condición de diputados europeos, como parece preceptivo. El abogado del Europarlamento, Norbert Lorenz, calificó esa posesión como probablemente ilegal.

¿Y ahora qué? La decisión del TGUE no es firme, y puede ser recurrida, y lo será, ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); esta sí, la instancia definitiva. Lo probable es que el juez Llarena active ya, de nuevo, ante las autoridades judiciales de Bélgica la orden europea de detención y entrega. Pero lo previsible es también que estas autoridades, haciendo gala de la prudencia con la que han venido actuando, no accedan a la petición de la Justicia española, amparándose en que la sentencia que confirma la pérdida de la inmunidad de Puigdemont no es firme. Habrá que esperar, por tanto, a la decisión del TJUE.

¿Afectará a la nueva solicitud de entrega la reforma operada en los delitos de sedición y malversación? Con seguridad, la defensa de los prófugos de la Justicia española alegará que, habida cuenta de esas reformas legales, debe solicitarse por el Tribunal Supremo español un nuevo suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad, pues la calificación de los hechos investigados podría variar. No parece que esa pretensión vaya a prosperar tampoco: el suplicatorio es para investigar e imputar, en su caso, los delitos que correspondan a los hechos llevados a cabo por los eurodiputados, y los hechos no han cambiado, y siguen siendo delictivos.

Claro que lo determinante va a ser los tiempos: el tiempo que se demore la decisión del TJUE resolviendo el recurso; el plazo en el que la Justicia belga, con sus apelaciones, resuelva sobre la euroorden, si la sentencia del TJUE va en la línea del TGUE, y el fin de la legislatura del Parlamento Europeo. No se olvide que entre los días 6 y 9 de junio del 2024 habrá nuevas elecciones europeas, y no puede descartarse que si antes de esa fecha no hay una decisión definitiva de la justica belga, Puigdemont aspire de nuevo a ser diputado europeo, resulte elegido, el Europarlamento le dé posesión (esto parece, por los antecedentes, más difícil) y haya que volver a iniciar todo el proceso ante un nuevo Parlamento Europeo.